Cristina Kirchner entregó a la Justicia una lista reservada con nombres de personas autorizadas a visitarla en su domicilio, mientras cumple prisión domiciliaria. Incluye familiares, abogados, médicos y custodios. La defensa de la ex presidenta pidió que el listado no se haga público y reiteró su reclamo para que no existan límites en la cantidad ni en el tipo de visitas.
El abogado Alberto Beraldi presentó la nómina ante el Tribunal Oral Federal 2 en el plazo fijado por la Justicia. La presentación se realizó a través de un pen drive y la defensa solicitó que la información se mantenga confidencial. El tribunal había dispuesto que solo familiares, defensores, médicos y custodios pueden ingresar sin autorización judicial.
Visitas autorizadas: Cristian apuntó a que la normativa vigente viola sus derechos
La exmandataria insistió en que no se impongan restricciones a sus visitas. “Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, argumentó la defensa. Asimismo, sostienen que la normativa vigente no faculta a los jueces a sumar reglas de conducta adicionales a quienes cumplen arresto domiciliario.
El planteo de la defensa también cuestiona por qué solo ciertos vínculos pueden ingresar sin autorización. Señalan que la ex presidenta necesita ver a contadores, apoderados, peritos, asesores y amigos, además de familiares y abogados. El tribunal ya intervino en otra controversia sobre la prisión domiciliaria, relacionada con el uso del balcón del departamento.
Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu aclararon que Cristina Kirchner puede usar cualquier espacio del inmueble, siempre que no altere la tranquilidad del vecindario. “Se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación”, indicaron.
La Justicia le impuso a la ex presidenta abstenerse de comportamientos que alteren la convivencia pacífica. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían objetado la prisión domiciliaria y señalaron que no hay razones humanitarias que justifiquen la medida. También afirmaron que no se presentaron motivos de salud o personales vinculados a la edad que permitan inferir un trato indigno en prisión.
Tanto la defensa como los fiscales pueden apelar las decisiones del tribunal. La ex presidenta ya había solicitado no usar tobillera electrónica, pero el tribunal ordenó su colocación la semana pasada. El debate sobre las condiciones de la prisión domiciliaria sigue abierto en el ámbito judicial.
