El Gobierno nacional implementará una reforma de fuerzas federales a través de un decreto que modifica las leyes 21.521, 19.349 y 18.398. El objetivo es redefinir el rol de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), delimitando con claridad sus funciones y eliminando superposiciones en operativos conjuntos.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad, la medida se oficializará en los próximos días y responde a la necesidad de reorganizar el esquema de seguridad interior. La reforma forma parte de una transformación más amplia de las fuerzas federales, que ya incluyó la conversión de la Policía Federal Argentina en el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), con competencias similares al FBI de Estados Unidos.
PSA como policía de transporte y nuevos roles operativos
Uno de los principales cambios será la reconversión de la PSA en una policía de transporte. Tendrá a su cargo la seguridad en estaciones de tren, terminales de ómnibus y aeropuertos, unificando tareas que hoy están dispersas entre distintos cuerpos. Esta decisión permitirá liberar recursos de la Policía Federal para destinarlos a funciones de investigación.
Gendarmería Nacional se enfocará en la vigilancia de fronteras, el combate al contrabando, las migraciones ilegales, las infracciones sanitarias y la represión de disturbios graves. Prefectura Naval mantendrá la custodia de ríos, mares y zonas portuarias, pero con una asignación territorial más precisa y sin interferencias con otras fuerzas.
El rediseño también contempla una redistribución del personal y una revisión de los mecanismos de reclutamiento, con el fin de adaptar cada fuerza a sus nuevas misiones.
La ministra Patricia Bullrich impulsa esta reforma inspirada en el modelo estadounidense, donde fuerzas como la Guardia Nacional, la Guardia Costera y la TSA tienen funciones bien diferenciadas. “La intención de la reforma es que cada fuerza esté enfocada en una función y no se disperse ni se choque con otra”, indicaron fuentes oficiales.
La Casa Rosada busca implementar la reforma de fuerzas federales antes del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas que permiten al Ejecutivo realizar estos cambios sin intervención del Congreso. No se prevé una prórroga por ley ni por decreto de necesidad y urgencia.
La reestructuración se enmarca en un proceso más amplio de reforma del Estado, que incluye la eliminación de fideicomisos y organismos redundantes. El objetivo es establecer un aparato público más ordenado, funcional y orientado a resultados, especialmente en áreas sensibles como la seguridad interior.
