El Gobierno nacional realizará este martes una presentación clave ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York por el fallo del caso YPF. El escrito procurará que el tribunal mantenga suspendida la orden de la jueza Loretta Preska, quien dispuso la entrega de acciones de la empresa como parte del fallo que condenó a Argentina por la expropiación de la petrolera.
Los abogados que representan al país intentarán convencer al tribunal de que la interrupción continúe vigente durante todo el proceso de apelación. Actualmente, la suspensión tiene vigencia mientras se tramitan las presentaciones iniciales de las partes involucradas.
Qué dice Argentina sobre el fallo de YPF
El argumento central de la defensa argentina apunta a la necesidad de evitar un daño mayor mientras avanza el proceso judicial. El escrito se presentará después que los beneficiarios del fallo, quienes habían solicitado la entrega de las acciones, comunicaran que no desean quedarse con los papeles de YPF. Aunque reclamaron una garantía financiera para seguir la apelación.
Este giro en la postura de los demandantes coincide con el respaldo que otorgó recientemente el gobierno de Estados Unidos a la posición argentina. La administración de Joe Biden presentó un escrito en carácter de amicus curiae. En ese escrito desaconsejó la ejecución inmediata del fallo. Según ese documento, la medida violaría normas de inmunidad soberana y generaría consecuencias indeseadas en el sistema legal internacional.
Con ese contexto, el Gobierno nacional diseñó una estrategia para evitar el riesgo de incurrir en desacato. Apuntó a mostrar voluntad de cumplimiento judicial. Al mismo tiempo, solicitó que se respete el derecho a una apelación con garantías. En caso de que el tribunal rechace este pedido, se reactivará la orden de la jueza Preska. En ese escenario, Argentina deberá entregar las acciones o enfrentar un proceso de desacato.
El desacato judicial no contempla penas para Estados soberanos, pero puede derivar en sanciones económicas o restricciones en los mercados internacionales. Además, puede perjudicar la imagen del país frente a los organismos de crédito y dificultar futuras negociaciones financieras.
Por ello, las autoridades argentinas evalúan como clave esta instancia judicial. Aspiran a sostener la pausa en la ejecución del fallo y avanzar en la apelación bajo un escenario más favorable, con el respaldo implícito de Washington y una posible revisión del dictamen inicial por parte del tribunal superior.
El monto que reclama el fondo Burford Capital por la expropiación de YPF asciende a u$s16.100 millones. El país apeló el fallo y busca ganar tiempo para reducir la carga financiera que implicaría una ejecución inmediata. La audiencia de este martes se perfila como un punto decisivo en esa estrategia.
