Miles de argentinos con ascendencia italiana recuperaron la esperanza de acceder al reconocimiento de la ciudadanía italiana, luego de un fallo de la Corte Constitucional de Italia que defendió el derecho de sangre. La decisión se conoció el 31 de julio de 2025 y generó un fuerte impacto en quienes habían iniciado el trámite o pensaban hacerlo, tras la aprobación de una ley impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni que había restringido el acceso.
Hasta ahora, muchos descendientes se encontraban en una situación de incertidumbre. Algunos ya habían presentado demandas judiciales. Otros no lograban obtener turnos. Y varios quedaron afuera de los requisitos establecidos por la nueva normativa. Sin embargo, el reciente pronunciamiento jurídico abre una nueva etapa.
El caso llegó a la Corte Constitucional luego de que cuatro tribunales —los de Bologna, Milán, Firenze y Roma— solicitaran una definición sobre el artículo 1 de la Ley 91/1992. Este artículo regulaba la ciudadanía por “ius sanguinis”, es decir, por vínculo de sangre. El primer juez en cuestionarlo fue Marco Gattuso, del Tribunal de Bologna, en noviembre de 2024. Él intentó introducir criterios socioculturales para restringir el acceso.
La situación de Italia con las restricciones a la ciudadanía
Contrariamente a lo que esperaban estos tribunales, la Corte falló a favor del derecho de filiación. Afirmó que el nacimiento de un hijo de ciudadano italiano representa un hecho suficiente para adquirir el “status civitatis”. Lo hizo sin exigir residencia en Italia ni considerar la cantidad de generaciones pasadas. “Es la condición de hijo, en cuanto tal, la que constituye el título adquisitivo del status civitatis”, señaló el fallo.
Para la abogada Antonella Nediani, especialista en ciudadanía italiana, la decisión representó un antes y un después. “Es un pronunciamiento largamente esperado por la comunidad de descendientes”, explicó. Nediani subrayó que la Corte consolidó la validez permanente, imprescriptible y exigible del derecho a la ciudadanía por sangre.
En la misma línea se expresó el abogado italiano Marco Mellone. Según él, el fallo ratificó que los millones de descendientes que obtuvieron la ciudadanía antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley 36/2025 lo hicieron conforme a derecho. Y destacó que la Corte rechazó el intento de algunos jueces de modificar la transmisión de la ciudadanía.
El impacto político también resultó significativo. A mediados de junio, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, cuestionó públicamente la ley aprobada por el parlamento. Lo hizo durante la Asamblea Plenaria 2025 del Consejo General de Italianos en el Extranjero (CGIE), ante 63 representantes del organismo. Allí reivindicó el vínculo con las comunidades fuera del país y llamó a una reflexión más profunda.
Mattarella no tiene funciones ejecutivas, pero actúa como garante de la Constitución. Su opinión influyó en el clima de debate, ya que Meloni, al frente del Poder Ejecutivo, promovió la nueva legislación. “El decreto-ley que aborda la reciente reforma de la ciudadanía ha generado atención y debate”, dijo el presidente. Y agregó: “Será útil para una reconsideración de los puntos planteados”.
En cuanto al futuro de la Ley 74/2025, que endureció las condiciones para los trámites administrativos, Nediani sostuvo que el fallo de la Corte crea una base sólida para cuestionar su validez. Aunque la sentencia no anuló directamente la ley, sí dejó en claro que el derecho de sangre no puede ser limitado por criterios irrazonables o discriminatorios.
Por lo tanto, la interpretación constitucional delimita los márgenes que el legislador no puede sobrepasar. Para Nediani, esto permitirá nuevas impugnaciones judiciales que podrían anular las restricciones impuestas en 2025. En su opinión, se generará jurisprudencia que consolidará esa tendencia en el corto plazo.
Graciela Cerulli, abogada y titular del estudio Cerulli Arena, destacó la tranquilidad que brinda este fallo a quienes iniciaron el proceso antes de la entrada en vigencia del decreto. “Se aplica la ley anterior”, aseguró. Además, explicó que quienes no lograron presentar su caso aún pueden hacerlo, ya sea por falta de turnos o por inconstitucionalidad.
Para Mellone, la lucha legal no terminó. Consideró que los próximos fallos serán clave, especialmente los de la Corte Suprema de Casación y las Secciones Unidas. Estas últimas deben pronunciarse sobre la pérdida de ciudadanía para hijos de naturalizados y sobre si la nueva ley se aplica a los casos en trámite al 28 de marzo de 2025.
Cerulli anticipó que entre septiembre y octubre se celebrarán audiencias que podrían marcar el rumbo. Algunos tribunales solicitarían una nueva intervención de la Corte Constitucional, esta vez sobre casos presentados luego de la sanción de la ley. En esas decisiones se definirá si la ciudadanía por sangre prevalecerá como principio jurídico inalterable.
Así, miles de descendientes argentinos observan con atención y esperanza el escenario legal en Italia. Cuentan ahora con una sentencia que respalda sus derechos y habilita nuevas vías para el reconocimiento. Aunque la batalla continúa, el fallo del 31 de julio representa un avance decisivo en defensa de la identidad, la historia familiar y los lazos con la tierra de origen.
