El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono. Es para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.
La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la campaña contra los cárteles. Indica la disposición de Trump a usar militares en lo que se considera, principalmente, una responsabilidad policial: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
La orden establece una base oficial para operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles. Oficiales militares comenzaron a elaborar opciones sobre cómo podrían perseguir a estos grupos.
Sin embargo, ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito plantea cuestiones legales, como si se consideraría “asesinato” matar a civiles, incluso a presuntos delincuentes, fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso.
No está claro qué dijeron los abogados de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la directiva, ni si el Departamento de Justicia emitió una opinión formal. Este año, Trump ya desplegó tropas en la frontera suroeste para frenar el flujo de drogas e inmigrantes, e intensificó la vigilancia antidrogas.
Designación de cárteles como organizaciones terroristas
Al volver a la presidencia, Trump ordenó al Departamento de Estado clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Apuntó especialmente a grupos venezolanos y mexicanos.
En febrero, el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a otros como organizaciones terroristas. Argumentaron que representan “una amenaza a la seguridad nacional” mayor que el crimen organizado tradicional.
Hace dos semanas, EE.UU. añadió al Cártel de los Soles de Venezuela a su lista de grupos terroristas globales y afirmó que está liderado por Nicolás Maduro y altos funcionarios.
El jueves, los Departamentos de Justicia y de Estado duplicaron la recompensa a 50 millones de dólares por información que lleve al arresto de Maduro, acusado de narcotráfico. La fiscal general Pam Bondi aseguró que “no escapará a la justicia”.
Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, defendió que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria” al designar a estos cárteles como organizaciones terroristas. El Departamento de Defensa se negó a comentar.
Un precedente de acciones militares en América Latina
Ataques militares unilaterales contra cárteles marcarían una escalada en la lucha antidrogas, que ponen a las fuerzas estadounidenses en primera línea contra organizaciones bien armadas y financiadas.
En el pasado, la participación militar de EE.UU. en operaciones antidrogas en Latinoamérica superó límites legales, aunque presentada como apoyo policial.
En 1989, George H.W. Bush envió más de 20.000 soldados a Panamá para arrestar a Manuel Noriega, acusado de narcotráfico. La ONU condenó la acción como “flagrante violación del derecho internacional”.
En los años 90, el ejército colaboró con Colombia y Perú y compartió datos sobre vuelos civiles sospechosos de transportar drogas. Tras derribos de aeronaves, la administración Clinton suspendió la ayuda en 1994. Luego, el Congreso modificó la ley para permitir dicha asistencia.
La Armada intercepta embarcaciones sospechosas en aguas internacionales, pero generalmente bajo mando de la Guardia Costera, por la Ley Posse Comitatus de 1878 que prohíbe usar militares en funciones policiales.
También ha habido ejercicios conjuntos con tropas colombianas y mexicanas y apoyo a escuadrones de la DEA en combate. Ese programa terminó en 2017.
Un enfoque más directo y polémico
La nueva directiva de Trump busca que fuerzas estadounidenses capturen o eliminen directamente a miembros de cárteles. Etiquetarlos como terroristas permitiría usar agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa y otros recursos militares.
Especialistas legales señalan que la designación de “terrorista” no otorga automáticamente autoridad para operaciones militares de guerra.
Durante su primer mandato, Trump consideró bombardear laboratorios de drogas en México, propuesta que su secretario de Defensa calificó de absurda. Ahora, promete desplegar tropas de Operaciones Especiales y fuerzas navales para declarar la guerra a los cárteles.
El contralmirante retirado James E. McPherson advirtió que sería “grave violación del derecho internacional” usar la fuerza en otro país sin su consentimiento, salvo excepciones.
A nivel interno, el Congreso autorizó el uso de la fuerza contra Al Qaeda en 2001, pero no contra todos los grupos que el Ejecutivo declare terroristas. Cualquier acción contra cárteles debería basarse en la autoridad constitucional para defensa nacional, que argumenten el impacto de las sobredosis de fentanilo.
Implicaciones legales y operativas
No está claro qué reglas de combate regirían contra los cárteles. Operaciones para matar basadas solo en su pertenencia a un grupo podrían violar leyes contra el asesinato y órdenes ejecutivas.
El ejército podría optar por capturas con uso de fuerza letal solo en defensa propia, pero esto plantea problemas legales sobre la detención de prisioneros sin autorización del Congreso.
En febrero, el secretario de Defensa despidió a los principales abogados de las fuerzas armadas, que asesoran sobre legalidad en la guerra. La administración también redujo el papel de la Oficina de Asesoría Jurídica.
Recientemente, se confirmaron nuevos asesores legales en el Pentágono y el Departamento de Justicia, que deberán interpretar la legalidad de estas acciones.
La presión para declarar terroristas a cárteles incluye grupos en México y pandillas haitianas. En abril, Trump propuso a la presidenta de México permitir que el ejército estadounidense luche en su territorio, pero fue rechazado.
Operaciones de inteligencia y vigilancia
El Departamento del Tesoro acusó al Cártel de los Soles de apoyar al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, que “amenazan la paz y seguridad de EE.UU.”. Según Marco Rubio, Maduro lidera una “organización narcoterrorista” responsable del tráfico hacia EE.UU. y Europa.
La lucha contra los cárteles marcó gran parte de la política exterior e interior de Trump. EE.UU. intensificó vuelos secretos con drones sobre México para ubicar laboratorios de fentanilo. Aunque comenzaron bajo Biden, se incrementaron bajo Trump. La CIA transmite la información a autoridades mexicanas, sin autorización para ataques letales.
El Comando Norte del ejército amplió la vigilancia aérea en la frontera con unos 330 vuelos usando aviones U-2, RC-135 Rivet Joints, P-8 y drones, aunque sin entrar en espacio aéreo mexicano.
