El gobierno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos anunció su intención de cerrar 300 escuelas rurales debido a la baja matrícula, una medida que generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones sociales como Basta es Basta. Estas organizaciones denuncian que el cierre de escuelas es un síntoma del abandono sistemático del Estado y del avance del negocio de los agrotóxicos, que promueve la expulsión de las poblaciones rurales de sus territorios.
La polémica surgió a partir de las declaraciones de Sebastián Benedetti, coordinador del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, quien argumentó que el cierre es parte de un proyecto para “optimizar” el sistema educativo. Según Benedetti, mantener escuelas con entre uno y tres alumnos es “inviable desde lo social y lo pedagógico”, y se busca ofrecer un servicio educativo de calidad y lógico.
Sin embargo, para las organizaciones de la sociedad civil, la baja matrícula no es una justificación válida, sino una consecuencia directa del modelo de agronegocio basado en los agrotóxicos y pesticidas. Elio Kohan, de la Coordinadora Basta es Basta, cuestiona la idea de que la baja matrícula sea un problema y defendió el derecho de un solo alumno a recibir educación. “Un solo alumno tiene el derecho a educarse y por eso hay que sostener esas escuelas”, afirmó.
Agrotóxicos, fumigaciones masivas y monocultivo en Entre Ríos
Las causas del despoblamiento rural, según la organización, son múltiples y están directamente relacionadas con el modelo productivo. Las fumigaciones masivas con agrotóxicos, el monocultivo que concentra tierras y la destrucción de la agricultura familiar son señaladas como las principales razones por las que las familias campesinas se ven forzadas a abandonar el campo. Esto, a su vez, provoca la pérdida de biodiversidad, la contaminación de agua y suelos, y la destrucción de las economías regionales.
Facundo Scattone Moulins, integrante de la Coordinadora Basta es Basta, explica que este éxodo es un fenómeno al que llaman “expulsión en base a venenos”. “El veneno expulsa porque enferma, porque mata las producciones lindantes y porque contamina los ríos y arroyos donde toman agua los animales”, explica. La fuerte tecnificación de la producción disminuye la necesidad de trabajadores rurales, que son los que llevan a sus hijos a las escuelas, volviéndolos prescindibles en el proceso.
La situación se agrava por la sanción de la Ley de “Buenas Prácticas Agrícolas” en 2024, la cual permite las fumigaciones a solo 15 metros de las escuelas. Mariela Leiva, docente en Basavilbaso, relata que esta ley es “nefasta” y expone a alumnos y docentes a los agrotóxicos. “Estamos frente a la vulneración de los derechos del niño, del derecho a educarse en un ambiente sano y en escuelas salubres y seguras“, denuncia Leiva.
Las enfermedades a causa de la exposición de la población a los agrotóxicos
Elio Kohan, docente de la Escuela Agrotécnica Antequeda, relata que quienes resisten en el campo se enfrentan a enfermedades producto de la exposición a los agrotóxicos. Los campamentos sanitarios del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario demostraron que vivir en cercanía de las pulverizaciones aumenta el riesgo de contraer cáncer.
Kohan enfatiza que las víctimas no son solo números, sino “nuestros vecinos, nuestros amigos que padecieron enfermedades oncológicas o que sufrieron la pérdida de algún familiar por esa causa”. Asegura que sus organismos y sus suelos se van debilitando. A pesar de denunciar estas consecuencias ante el Poder Judicial, la situación sigue siendo alarmante.
El docente recuerda un fallo de 2018 del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia que había establecido una distancia de 1.000 y 3.000 metros para las fumigaciones en cercanías de las escuelas. Este fallo, que también declaró inconstitucional una resolución de 2004, se apeló por el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, que argumentó no tener competencia sobre el tema.
Agroecología, el camino seguro para la población rural
Pese a ese antecedente judicial, a fines de 2024 el gobierno sancionó la Ley de “Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios”, que reduce las distancias de fumigación a un rango de entre 15 y 500 metros, según el tipo de aplicación. Esta ley, que también establece la necesidad de un “asesor fitosanitario” y la aplicación de químicos en contraturno escolar, es vista por las organizaciones como una herramienta que acentúa el modelo que lleva al despoblamiento rural.
El nombre de “buenas prácticas” es criticado por las organizaciones, ya que proviene de grupos empresariales como la Asociación de Siembra Directa (Aapresid). Estos grupos defienden que el uso de químicos es seguro si se aplican bajo ciertas condiciones, pero desestiman estudios sobre la deriva de los tóxicos. Para Kohan, “la única buena práctica agrícola es la agroecología”.
En este contexto, la Coordinadora Basta es Basta exige que no se cierren las escuelas rurales y que se implementen políticas de arraigo rural para sostener a las comunidades, contrarrestando un modelo que, según sus denuncias, “necesita un campo sin gente” y que las poblaciones se trasladen a las zonas urbanas.
Fuente: Agencia Tierra Viva
