Cuatro personas llegan al banquillo de los acusados por la muerte de un yaguareté en la localidad de Estanislao del Campo en julio del año pasado, un hecho que sacudió a la provincia y encendió las alarmas sobre el futuro de una de las especies más emblemáticas del país. En todo el gran Chaco argentino quedan apenas 20 ejemplares y en el resto del país la cuenta suma 200.
El tribunal a cargo del juez Pablo Moran aseguró que actuará con “absoluta imparcialidad”, garantizando el derecho de defensa de los imputados y la participación tanto del Ministerio Público Fiscal como de los querellantes admitidos en la causa: Parques Nacionales y la organización Red Yaguareté.
Hay mucha expectativa de parte de los querellantes que esperan una pena ejemplificadora para los cazadores. Tres de ellos llegan presos (una rareza) y uno en libertad. Se cree que mataron al animal porque intentó comerse su ganado. Además, lo colgaron, despellejaron e incluso comieron parte de la carne. Se sacaron fotos y las subieron a redes sociales.
Un crimen que expone la crisis del yaguareté en el Gran Chaco
La muerte de este ejemplar (que había sido identificado por primera vez en febrero del año pasado) no es un hecho aislado. El yaguareté está en peligro crítico de extinción en la Argentina, y la situación en el Gran Chaco es especialmente dramática: quedan menos de 20 en toda la región, según datos de organizaciones ambientalistas.
La caza furtiva y la destrucción del hábitat por el avance de la frontera agropecuaria y los desmontes llevaron a la especie al borde de la desaparición.
El juicio y su impacto en la protección ambiental
El proceso judicial que comenzó este miércoles en Formosa, lo observan de cerca ambientalistas, científicos y organismos internacionales. La causa se calificó como de “especial trascendencia” por el propio tribunal, que remarcó la importancia de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las partes.
La expectativa está puesta en que la Justicia siente un precedente fuerte en materia de protección de especies en peligro y en la aplicación de las leyes ambientales. El resultado del juicio podría marcar el rumbo de futuras investigaciones y reforzar la lucha contra la caza ilegal y la destrucción de los ecosistemas.
