El Senado de la Nación se prepara para una sesión crucial que podría marcar un antes y un después en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. La agenda de este jueves incluye el tratamiento de dos proyectos clave con media sanción de Diputados: la ley de financiamiento para las universidades nacionales y el refuerzo financiero para el Hospital Garrahan. Además, se debatirán los decretos delegados del Gobierno nacional.
La sesión, que se adelanta a las 11 de la mañana por acuerdo de los jefes de bloque, se da en un contexto de creciente confrontación. En la Cámara baja, los diputados rechazaron el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, aunque no lograron lo mismo con el aumento a las jubilaciones. La expectativa ahora se centra en el Senado y la capacidad de la oposición para articular una mayoría que haga avanzar los proyectos.
Para que las iniciativas de universidades y salud puedan ser tratadas sobre tablas, se necesitan dos tercios de los votos. Este requisito se debe a que el reglamento del Senado exige que pasen siete días entre la firma de un dictamen y su llegada al recinto, un plazo que no se cumplió. A pesar de este obstáculo, el apoyo transversal a ambos proyectos genera optimismo entre los legisladores.
Entre los firmantes de los dictámenes se encuentran los senadores misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y representantes de otros espacios políticos. Este amplio respaldo subraya la importancia y el consenso que generan ambas temáticas.
Facultades delegadas
Antes de avanzar con los proyectos principales, el temario establece el debate sobre los decretos delegados impulsados por el ministro Federico Sturzenegger. En la lista figuran el decreto 462/25, que reestructura dependencias de la Secretaría de Transporte; el 345/25, sobre Cultura; el 351/25, que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos; y el 461/25, que dispone el cierre de Vialidad Nacional. También se discutirá un DNU que desregula la Marina Mercante y restringe el derecho a huelga.
Los últimos dos decretos se encuentran suspendidos por medidas cautelares. Si el Senado decide rechazarlos, el Gobierno no tendrá margen para revertir esa decisión, lo que representaría un significativo golpe político. La sesión promete ser un termómetro de la fuerza de la oposición y de la capacidad del Ejecutivo para sortear los desafíos legislativos.
Financiamiento universitario
El proyecto de financiamiento universitario, que ya cuenta con media sanción de Diputados, busca una recomposición presupuestaria para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Propone un ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024, con actualizaciones bimestrales a lo largo de 2025.
Además de los gastos de funcionamiento, la iniciativa aborda la cuestión salarial de docentes y no docentes. Obliga al Poder Ejecutivo a actualizar sus sueldos desde diciembre de 2023 en un nivel no inferior a la inflación acumulada. También ordena la convocatoria a una paritaria universitaria obligatoria en un plazo máximo de tres meses, con aumentos mensuales que acompañen la evolución de los precios.
El proyecto también incluye la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles vigentes desde diciembre del año pasado. De esta manera, se busca garantizar los créditos presupuestarios necesarios para asegurar la continuidad de estos programas, que son fundamentales para miles de estudiantes en todo el país.
Emergencia pediátrica: refuerzo para el Garrahan y hospitales
Por otro lado, el proyecto que declara la emergencia en pediatría y que también espera sanción, autoriza una asignación prioritaria e inmediata de recursos. Estos fondos se destinarían a insumos, mantenimiento, medicamentos, vacunas, equipamiento médico y personal esencial en hospitales pediátricos, con un especial énfasis en el Hospital Garrahan.
La propuesta en materia de salud también prevé una recomposición salarial para el personal asistencial y no asistencial, que no podrá ser inferior al nivel real de noviembre de 2023. Además, establece la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas, horas extras o guardias, un reclamo largamente sostenido por el sector.
El texto deroga la resolución 2109/25 del ministro de Salud, Mario Lugones, que había modificado el esquema de becas de las residencias médicas. También se crea una comisión de seguimiento integrada por legisladores, autoridades sanitarias y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá presentar informes trimestrales sobre el cumplimiento de la ley.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de este proyecto asciende a $65.573 millones entre julio y diciembre de 2025. Anualmente, el costo total se estima en $133.433 millones. La sesión del Senado no solo definirá el destino de estos proyectos, sino que también será un claro indicador del equilibrio de poder en la política argentina.
