La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina sumó nuevos capítulos con una serie de allanamientos simultáneos. Los procedimientos se realizaron en sedes de ambos organismos, ubicadas en la zona del Congreso y sobre la avenida Rivadavia, además de la sede central de la empresa.
El juez federal Sebastián Casanello ordenó los operativos, que quedaron a cargo del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad. El objetivo de los allanamientos fue secuestrar documentación considerada clave para la causa, la cual será entregada a la Justicia para su análisis.
El origen del operativo
La medida surgió tras la difusión de audios de Diego Spagnuolo, ex funcionario que se convirtió en el principal apuntado dentro del expediente. En esas grabaciones, Spagnuolo habló del presunto pago de coimas y abrió una nueva etapa en la investigación.
Ayer, el ex titular de la ANDIS presentó formalmente a sus abogados ante la Justicia Federal. Eligió a Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales en la causa delegada al fiscal Franco Picardi. Hasta ahora, Spagnuolo es el único de los implicados que designó una defensa formal.
Procedimientos anteriores y pruebas recolectadas
No fue la primera vez que se allanaron oficinas de la ANDIS y de Suizo Argentina. La semana pasada se realizaron operativos similares en esas dependencias, así como en los domicilios particulares de Spagnuolo, de Emmanuel y Jonathan Kovalivker —hermanos y dueños de Suizo Argentina—, y de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia.
En esos procedimientos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación. Entre los dispositivos incautados, el celular de Spagnuolo ya fue abierto, y los peritos detectaron mensajes borrados que intentarán recuperar. El aparato de Emmanuel Kovalivker, en cambio, no pudo ser desbloqueado por tratarse de un Samsung de última generación.
Los expertos de la DATIP consultaron a la empresa Cellebrite, que provee el software de acceso, pero recibieron como respuesta que todavía no existe una actualización que permita ingresar al dispositivo. Por otra parte, Jonathan Kovalivker entregó su teléfono apagado y sin clave, mientras que Garbellini sí brindó el acceso requerido.
La estrategia de la defensa
La designación de abogados por parte de Spagnuolo marcó un punto relevante en el avance del caso. Aráoz de la Madrid es especialista en Derecho Penal de la Empresa, Penal Económico, Penal Aduanero y Penal Tributario, además de socio del estudio LRAR.
En tanto, Ignacio Rada Schultze se formó en Derecho Penal Tributario y en procedimiento tributario. Su trayectoria incluye un paso profesional junto a Aráoz entre 2009 y 2011 en el estudio Aráoz de Lamadrid & Asociados. Con estos perfiles, el ex funcionario busca sostener su defensa en una causa que concentra fuerte repercusión política.
Reacción del Gobierno y auditoría interna
El presidente Javier Milei, amigo personal de Spagnuolo y quien incluso fue su abogado, se refirió al tema por primera vez en público. Durante una caravana en Lomas de Zamora, declaró: “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”.
Aunque el Gobierno aún no formalizó ninguna denuncia, fuentes cercanas a la Casa Rosada admitieron que evalúan los pasos a seguir. Según explicaron, esperan pruebas firmes que respalden una presentación judicial.
Mientras tanto, el Ejecutivo ordenó una auditoría interna en la ANDIS. Tras la designación de Alejandro Vilches como interventor del organismo, el funcionario cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, recibió la instrucción de revisar los procesos de compra y gestión.
El resultado preliminar de la investigación interna reveló un pago con sobreprecio dentro del programa Incluir Salud. Este plan se destina a la compra y entrega de medicamentos para personas sin cobertura médica o con pensiones no contributivas. El hallazgo profundizó las sospechas sobre irregularidades en la administración de fondos públicos dentro de la agencia.
Un caso en desarrollo
Los allanamientos de esta semana refuerzan la investigación que lidera el fiscal Franco Picardi, quien busca determinar responsabilidades en torno al presunto entramado de coimas. Con los nuevos documentos secuestrados y el análisis de los celulares, los investigadores esperan avanzar en el esclarecimiento del caso.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa bajo la expectativa política y social, ya que involucra a un organismo clave en la asistencia a personas con discapacidad y a una de las droguerías más importantes del país. El rol de los acusados, la información que surja de los dispositivos electrónicos y la auditoría interna marcarán los próximos pasos de una causa que ya ocupa un lugar central en la agenda nacional.
