En Misiones, más de 10.000 familias quedaron afectadas por la suspensión de pensiones no contributivas dispuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ante esta situación, el Gobierno provincial resolvió presentar un amparo en la Justicia Federal para detener lo que consideran auditorías arbitrarias. La medida recibió el apoyo unánime de la Cámara de Diputados, que acompañó la decisión del Ejecutivo misionero.
Desde la Vicegobernación se señaló que agotaron todas las instancias administrativas antes de dar este paso. “Recurrimos a la Justicia Federal para que se suspendan las auditorías irregulares de los beneficiarios de pensiones no contributivas de Misiones”, afirmaron. Además, recordaron que desde abril vienen advirtiendo sobre el incumplimiento del proceso de auditorías por parte de la agencia nacional.
La coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, expresó su preocupación en declaraciones a Canal Doce. “Es muy desesperante la situación al ver lo que viven las personas con discapacidad”, aseguró. También señaló que “agotamos todas las instancias de diálogo posibles y decidimos ir a la Justicia Federal”.
Antúnez relató que el caso más grave se registró en San Ignacio. “Vimos todas las irregularidades juntas en un lugar. Nos acercamos con una escribana a constatar que el espacio no es el adecuado y a los militantes sin formación en salud de La Libertad Avanza que hacen entrevistas a las personas”, explicó. Según su testimonio, entregaban comprobantes falsos con firmas de médicos desconocidos y sin matrícula.
En la misma línea, la referente Soledad Varela manifestó su rechazo a los recortes. “No podemos creer los recortes en discapacidad que hay, desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Es desesperante porque no hay respuestas ni soluciones, nos encontramos a la deriva”, expresó. Remarcó además la falta de acompañamiento del Gobierno nacional.
Varela cuestionó el modo en que se notifican las auditorías. “Desde el inicio nos encontramos con un procedimiento arbitrario. Lo notamos desde el hecho de que envían cartas de documento, teniendo en cuenta que hay personas ciegas y sordas que no pueden leerlo”. Aclaró que las revisiones deberían realizarse con un trabajo conjunto entre Nación, provincia y profesionales capacitados, algo que no ocurrió.
Tanto Antúnez como Varela pusieron a disposición vías de contacto para quienes necesiten asistencia. “Pueden comunicarse con el Consejo al 3764739338”, indicó la coordinadora. Varela, en tanto, agregó: “Se pueden comunicar conmigo al 3764110110, para recibir acompañamiento y seguir el procedimiento de manera correcta”.
12 personas quedaron sin pensión no contributiva en Candelaria
Doce personas con discapacidad del centro Desarrollo sin Fronteras de Candelaria quedaron sin pensión no contributiva. Desde la institución advirtieron que nunca recibieron la notificación oficial.
En Candelaria, doce personas con discapacidad del centro Desarrollo sin Fronteras dejaron de percibir su pensión. Según explicaron desde la institución, los beneficiarios jamás recibieron la carta documento que debía notificarlos de la suspensión.
La representante Amanda Álvarez contó a Canal Doce que la situación afecta de manera directa a familias que ya viven en condiciones muy vulnerables. “Ninguna de las personas que se quedaron sin la pensión o que en este momento la tienen suspendida recibieron la carta documento”, señaló. En uno de los casos, relató que el aviso fue enviado a un domicilio donde la persona ya no residía desde hacía años.
Alvaréz mencionó algunso de los diagnósticos de quienes perdieron la ayuda son graves. “Son personas con retraso mental y síndrome de Down, retraso mental con malformaciones congénitas, epilepsia y paraplejia espástica”, detalló Álvarez. Según precisó, los padres se enteraron de la suspensión cuando fueron a cobrar, ya que nunca hubo una auditoría previa.
La referente cuestionó con firmeza la forma en que se realizan los controles. “Por supuesto que no son los procedimientos adecuados. Estamos de acuerdo en que las auditorías deben hacerse, pero están vulnerando derechos de las personas con discapacidad”, advirtió. Y agregó: “No respetan la ley ni la Constitución, porque tenemos un convenio internacional con rango constitucional que defiende a las personas con discapacidad”.
Álvarez también remarcó que la pensión no se limita a un monto de dinero. “Cuando se habla de pensiones no es solo lo económico, sino medicamentos y prestaciones de salud caras. Al sacarles la pensión pierden todo”, subrayó.
