La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revisará la decisión del juez Alejandro Maraniello que prohibió a los medios difundir audios atribuidos a Karina Milei. La medida, tomada a pedido del Gobierno, generó fuertes críticas por tratarse de un caso considerado de censura previa.
El juez Maraniello enfrenta denuncias en el Consejo de la Magistratura por este caso y por acoso sexual a empleadas. Aun así, resolvió admitir la apelación de una decena de organizaciones no gubernamentales y periodistas que cuestionaron la resolución. La revisión del fallo ahora quedará en manos de la Cámara, que deberá evaluar los planteos presentados.
Audios de Karina Milei: quiénes se pronunciaron en contra de la medida
Entre los que apelaron se encuentran el periodista Mauro Federico, quien difundió los primeros audios de Karina Milei, y Jorge Fontevecchia, director de Perfil y presidente del directorio de NetTV. También se presentaron los abogados Fernando Alonso, Mauro Pantaleón Ocampo, Andrés Gil Domínguez y Damián Loreti, todos con experiencia en defensa de la libertad de expresión.
Además, varias organizaciones sociales y sindicales se sumaron al expediente. Entre ellas, la Asociación Civil Pro-Amnistía, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Estas entidades solicitaron el levantamiento de la restricción y la suspensión de los plazos procesales para presentar recursos.
El juez Maraniello resolvió aceptar esos planteos, aunque mantuvo la medida de censura mediante un recurso con efecto devolutivo. Su resolución inicial se dictó el 1 de septiembre de 2025, a pedido de Karina Milei, en coincidencia con la difusión de los audios. Desde entonces, las críticas no cesaron, ya que constitucionalistas y medios advirtieron sobre el riesgo de limitar el derecho a la información.
En los casos de apelación directa, el juzgado otorgó cinco días de plazo para fundamentar los recursos y luego dispuso la elevación del expediente a la Cámara de Apelaciones. De esta manera, los jueces revisores tendrán la última palabra sobre la legalidad de la prohibición.
La multiplicidad de presentaciones demostró la preocupación de distintos sectores sociales y profesionales por los alcances de la medida. Para las organizaciones, la decisión del magistrado afectó directamente la libertad de prensa y generó un antecedente peligroso en democracia.
Una recapitulación del caso
Los audios atribuidos a Karina Milei comenzaron a circular el 1 de septiembre. Ese mismo día también se filtró una conversación de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien señaló que en la compra de medicamentos se entregaba un tres por ciento a la hermana del presidente Javier Milei. La coincidencia temporal de ambas filtraciones encendió el debate público.
En paralelo, el Gobierno presentó una denuncia penal por “espionaje ilegal”, bajo la sospecha de que se colocaron micrófonos en la Casa Rosada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó la presentación judicial y pidió allanar el canal de streaming Carnaval, el primero en difundir los audios.
La denuncia también incluyó los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, además de Pablo Toviggino, señalado como accionista de Carnaval, y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano. El Gobierno lo acusó de ser responsable de la difusión de los audios, lo que elevó aún más la tensión política y mediática.
La Cámara de Apelaciones deberá ahora definir si mantiene la medida de censura o si habilita nuevamente la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei. La decisión se considera clave porque marcará un precedente en materia de libertad de expresión y en la relación entre el Gobierno, el Poder Judicial y los medios de comunicación.
En este contexto, la discusión trasciende el contenido de los audios. Se trata de un debate más amplio sobre los límites del derecho a la información y la capacidad de los jueces para restringir el trabajo periodístico en democracia.
