El presidente Javier Milei vetó la ley de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), sancionada recientemente por el Congreso. El decreto publicado en el Boletín Oficial sostuvo que la norma “contradice la finalidad original” de este fondo, concebido como una herramienta extraordinaria para atender emergencias. Con esta decisión, el proyecto vuelve al Senado, que deberá ratificar o rechazar la medida.
La iniciativa establecía que el 41,2% de los ATN quedara en manos de la Nación y el 58,8% se repartiera diariamente entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según los coeficientes de coparticipación. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), de haberse aplicado el esquema automático se hubiesen distribuido $980.000 millones, lo que equivaldría al 0,11% del PBI. Misiones, por ejemplo, habría recibido unos $18.373 millones.
El Gobierno defiende la discrecionalidad en el manejo de los ATN
El texto oficial remarcó que durante la pandemia y las emergencias económicas de 2024 y 2025 el mecanismo flexible permitió asistir rápidamente a las provincias. Para la Casa Rosada, convertirlo en automático representaría un “menoscabo concreto” a la capacidad de reacción ante crisis. Actualmente, el Ministerio del Interior administra el fondo sin criterios preestablecidos, transfiriendo según decisión del Poder Ejecutivo.
Los gobernadores, en cambio, habían impulsado la ley para reducir la discrecionalidad y garantizar previsibilidad en las finanzas provinciales. Según la Jefatura de Gabinete, en lo que va de 2025 se transfirieron $84 mil millones en concepto de ATN. En este escenario, el titular del IARAF, Nadín Argañaráz, explicó que en los últimos años “los ATN distribuidos de manera efectiva equivalieron al 25% del total posible. En efecto, un 75% fue acumulado”.
El reclamo de los gobernadores
En “El Noticiero Central” a Canal Doce, el periodista Juan Carlos Arguello sostuvo que “todos los gobernadores de distintos colores políticos salieron a pedir respeto por la voluntad de las provincias, respeto por el federalismo que obviamente no está en esta discusión”. También señaló que el Gobierno nacional busca sostener el equilibrio fiscal “con los recursos que no se giran a las provincias”.
Agregó que no ha sido el único veto reciente de Javier Milei, recordando también el rechazo al financiamiento del Hospital Garrahan y al presupuesto universitario que no se actualiza desde 2023. En relación a estas decisiones, mencionó que “no hay aumento de sueldo que acompañe a la inflación, no hay aumento de recursos que acompañe a la inflación de estos últimos dos años”.
Además, Arguello describió que “hay una reacción ya, un paro general de las universidades y el 17 de este mes habrá una sesión en el Congreso donde los representantes de las provincias intentarán insistir con las leyes que fueron vetadas por el presidente”. Señaló que esto abre un conflicto inédito entre provincias, Congreso y Ejecutivo.
Finalmente, advirtió que “Ahora nuevamente un frente de conflicto, pero ya con varios en los aportes del Tesoro Nacional, el Garrahan, las universidades y también el impuesto de los combustibles que las provincias quieren recuperar. El 17 habrá sesión en el Congreso, habrá que ver cuál es la reacción del gobierno, pero por lo pronto parece ser seguir y acelerar en la misma dirección”.
