El acceso de los acusados y sus defensas a las pruebas de la causa por supuestos pagos de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) abrió una nueva etapa en la investigación. Con esta medida, comenzó a salir a la luz buena parte de los materiales secuestrados en las últimas semanas. Según fuentes judiciales, todo el material permanece bajo estricta cadena de custodia y se revisa de manera manual y también con programas informáticos especializados.
El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación tras la delegación realizada por el juez federal Sebastián Casanello, todavía no analizó la totalidad de los elementos incautados. El volumen de pruebas es amplio y se encuentra en proceso de sistematización, lo que demora el trabajo de los equipos periciales.
Cómo sigue el caso ANDIS
En relación con los dispositivos electrónicos, los especialistas concluyeron que el celular del exfuncionario Ricardo Garbellini no aportó información relevante para la causa. Sin embargo, los investigadores mantienen expectativas moderadas respecto de los teléfonos pertenecientes a la familia Kovalivker, que siguen bajo análisis.
En paralelo, técnicos intentaron poner en línea el servidor de la droguería Suizo Argentina para verificar su contenido. También iniciaron la revisión de los sistemas de la ANDIS con el fin de detectar posibles irregularidades en la contratación de medicamentos. Este procedimiento demandará varias semanas, debido a la magnitud de la información almacenada.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) participa en el caso con el análisis de la documentación incautada. Los peritos de ese organismo buscan identificar sobreprecios y anomalías en los procedimientos de compras que puedan sostener la hipótesis de corrupción.
Uno de los elementos que mayor impacto tuvo en la investigación fueron los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS. En esas grabaciones, se describe el presunto reparto de sobreprecios entre funcionarios. Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico difundieron esos audios públicamente el 22 de agosto, a través de Carnaval Stream, y aceleraron el ritmo de la causa.
El fiscal Picardi ordenó la transcripción de los archivos y tanto las defensas como la organización Poder Ciudadano solicitaron peritajes para verificar la autenticidad de las voces. También pidieron determinar si los audios fueron editados antes de su divulgación. La defensa de la droguería Suizo Argentina, en cambio, reclamó que los archivos se anulen como prueba en el expediente.
Mientras tanto, Spagnuolo aún no designó abogado defensor. La ley establece que la representación legal resulta obligatoria únicamente en caso de una imputación formal o un acto procesal específico que lo requiera. Esta situación mantiene una expectativa sobre los próximos pasos del exfuncionario en el proceso judicial.
Con estas acciones, la investigación dejó atrás la etapa de medidas urgentes y entró en un período centrado en el análisis técnico de la evidencia.
Una denuncia que marcó el inicio del caso
La causa se originó tras la denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner en causas civiles. El expediente reúne múltiples elementos, entre ellos declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos incautados en los operativos.
El abogado de Suizo Argentina, Martín Magram, aseguró que las operaciones de compra de medicamentos ya habían sido investigadas previamente y archivadas por inexistencia de delito. Invocó además el principio de ne bis in idem, que impide juzgar los mismos hechos dos veces. Esta postura fue cuestionada por la Fundación Poder Ciudadano, que se manifestó en contra del pedido de nulidad presentado por los dueños de la droguería. Ahora, tras la intervención del fiscal, el juez Casanello deberá resolver sobre este aspecto central del expediente.
Otro aporte clave a la causa surgió con la declaración testimonial de Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario. Ante el fiscal Picardi, Cerimedo confirmó que en las conversaciones Spagnuolo mencionaba a Karina Milei y a Lule Menem, en coincidencia con lo registrado en los audios. También relató que el exfuncionario expresó su malestar por haber quedado excluido del negocio vinculado a las contrataciones.
Nuevas medidas dispuestas por la Justicia
En el marco del expediente, la Justicia ordenó abrir las cajas de seguridad de varios exfuncionarios. Entre ellos figuran Spagnuolo, Garbellini y la familia Kovalivker. El objetivo es evitar la posible eliminación de documentos que pudieran constituir pruebas.
Además, los investigadores incautaron correos laborales y el contenido del servidor de la droguería Suizo Argentina. El análisis de estas pruebas busca establecer el esquema de contrataciones dentro de la ANDIS. Según surge de la investigación, el organismo no utilizaba licitaciones tradicionales para la compra de medicamentos. En su lugar, aplicaba concursos privados de precios para cada fármaco, de acuerdo con la necesidad de cada paciente.
En este contexto, Suizo Argentina aparece como proveedor central por su capacidad logística y su estructura de distribución diaria en todo el país. La empresa, con más de un siglo de trayectoria, aseguró que solo el 10 % de su facturación depende de contratos con el Estado. Además, señaló que su principal actividad es el abastecimiento a farmacias, clínicas, hospitales, prepagas y obras sociales.
Con el levantamiento del secreto de sumario, la investigación entra en una etapa de mayor profundidad. Ahora, las partes podrán acceder de manera integral al material reunido y discutir su validez como prueba. Este proceso resultará clave para definir el futuro judicial de los implicados y determinar si existió un esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.
