El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a 14 personas por su presunta participación en la fabricación y distribución de fentanilo contaminado. La causa investiga el fallecimiento de “124 pacientes fallecidos con posible asociación al brote por administración de fentanilo contaminado”. Otros dos sospechosos quedaron bajo investigación, mientras continúa la recolección de pruebas.
Los procesados pertenecen a los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, señalados como responsables de una cadena de producción y control deficiente que permitió la liberación de los lotes adulterados. A la cabeza de los acusados figura Ariel Fernando García Furfaro, propietario de las empresas, sobre quien recayó un embargo de un billón de pesos.
Los delitos imputados y la resolución judicial
La resolución de 401 fojas imputó a los acusados los delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias peligrosas para la salud. Según el fallo, cada imputado tuvo un rol en la fabricación, supervisión y liberación de los lotes que ingresaron al mercado.
El juez señaló que Ariel García actuó como garante del control, la calidad y la seguridad de los productos. Además, fundamentó que su política empresarial y la falta de cumplimiento de las normas de fabricación posibilitaron la adulteración que derivó en un resultado letal.
Los principales acusados
Entre los procesados también se encuentran Diego Hernán García y Nilda Furfaro, hermano y madre del propietario, con cargos directivos dentro de las compañías. A ellos se suman figuras clave como Javier Martín Tchukrán, director de manufactura, y José Antonio Maiorano, director técnico responsable de los lotes contaminados.
Asimismo, Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo, y Víctor Pablo Boccaccio, director de control de gestión, fueron procesados por el mismo delito. La gerenta de calidad, María Victoria García, y el jefe de control, Wilson Daniel Pons, también enfrentan cargos por las muertes vinculadas al brote.
El grupo de técnicos acusados incluye a Adriana Iúdica, subjefa de Control de Calidad, procesada por adulteración que derivó en la muerte de al menos 20 personas. En una situación similar quedaron Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, supervisora de control, y Rocío del Cielo Garay, responsable de procedimientos y registros de los lotes cuestionados.
La lista se completa con Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, del área de instrumentación y registros de control, y Eduardo Darchuk, encargado de la gestión documental de los procesos de calidad. Ambos fueron imputados como coautores por adulteración con resultado de muerte.
Situación de otros implicados
El juez resolvió no procesar en esta instancia a Horacio Antonio Tallarico, presidente formal de Laboratorios Ramallo SA. La investigación lo ubicó como “prestanombre” de la familia García, con funciones administrativas y sin incidencia en el área técnica. Sin embargo, Kreplak aclaró que no existe certeza sobre su ajenidad a los hechos, por lo que decretó su falta de mérito hasta que concluyan las medidas de prueba.
Una situación similar atraviesa Rodolfo Antonio Labrusciano, trabajador del área administrativa y de compras de la compañía. El magistrado entendió que sus tareas no mostraron relación directa con la adulteración, aunque tampoco cerró la investigación sobre su papel.
La magnitud del caso
La resolución judicial remarcó que el impacto del brote no se limitó a un error técnico, sino a una cadena de negligencias extendida en toda la estructura empresarial. El fentanilo contaminado, que se administró a pacientes en distintos puntos del país, provocó una crisis sanitaria de enormes proporciones.
El procesamiento de los 14 acusados abre una nueva etapa en la investigación. El expediente busca determinar con precisión las responsabilidades individuales en un hecho que expuso graves falencias en los controles de la industria farmacéutica.
Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan que el proceso judicial avance con rapidez y establezca sanciones ejemplares. La justicia federal deberá definir ahora si los acusados irán a juicio oral por uno de los episodios más graves de la historia reciente en el ámbito sanitario argentino.
