La República Argentina presentó anoche, ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, sus fundamentos contra la orden que obliga al Estado a entregar el 51% de las acciones de YPF. La medida busca revertir lo dispuesto por la jueza Loretta Preska en 2023, quien falló a favor de Burford Capital con una condena de USD 16.000 millones, cifra que ya supera los USD 18.000 millones por los intereses acumulados.
Mientras avanza la apelación “madre” sobre ese fallo, Burford intenta ejecutar la sentencia en el tribunal de Preska. Entre otras acciones, solicitó quedarse con las acciones que posee el Estado en la petrolera. Esa petición dio lugar a nuevas apelaciones y respuestas, entre ellas la presentada ahora por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que conduce Santiago Castro Videla, junto a los estudios jurídicos Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
Los argumentos de Argentina
En el escrito, los abogados Carmine D. Boccuzzi y Rathna J. Ramamurthi señalaron varios puntos centrales:
- Violación del derecho argentino e internacional. La orden judicial, explicaron, fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso para cualquier transferencia de acciones de YPF. También contradice principios como la cortesía internacional y la doctrina del acto de Estado.
- Violación de la inmunidad soberana. La Ley de Inmunidades Soberanas de EE.UU. (FSIA) protege los bienes de un Estado en el extranjero frente a embargos o ejecuciones, salvo excepciones que no aplican en este caso, ya que las acciones de YPF están en Argentina.
- Interpretación errónea del derecho de Nueva York. Según el planteo, se aplicó indebidamente la norma de turnover, que no fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio.
En resumen, el Gobierno argentino sostiene que entregar esas acciones violaría su inmunidad soberana y resultaría jurídicamente inaplicable, dado que los títulos no están en Estados Unidos ni fueron utilizados con fines comerciales en ese país.
El respaldo de Washington
La PTN recordó que el propio Gobierno de los Estados Unidos, en dos presentaciones previas, advirtió que la orden de entrega “no tiene precedentes” y que, de confirmarse, abriría la puerta a represalias contra activos norteamericanos en otros países.
“La República Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá esta decisión y reafirmará el respeto a la soberanía de los Estados y a las normas fundamentales del derecho internacional”, expresó el organismo.
Lo que viene
La causa avanza en paralelo en distintos frentes. Según el calendario acordado por Argentina y Burford, el 14 de noviembre vence el plazo para la presentación de argumentos escritos de los demandantes, mientras que el 12 de diciembre será el turno de Argentina para presentar su réplica y pedir una audiencia “lo antes posible”.
En paralelo, el mes próximo comenzará a tratarse en la Corte de Apelaciones el fallo de fondo dictado por Preska en 2023, que no solo condenó al Estado sino que además dejó afuera a YPF del litigio, punto también apelado.
Se trata de una trama judicial que lleva más de una década, con múltiples fallos, apelaciones y presentaciones cruzadas. Además, el Gobierno argentino reiteró que no negociará con Burford y que está dispuesto a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para defender su posición.
