El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, encabezó en Misiones una capacitación sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. La jornada fue organizada por la Escuela de Capacitación Judicial (ECJ) del Poder Judicial y se desarrolló en el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones.
El encuentro reunió a empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación, así como a integrantes de los Ministerios Públicos de la seccional Misiones. El objetivo fue fortalecer los conocimientos técnicos y prácticos sobre los cambios estructurales que implica el nuevo sistema acusatorio federal, que entrará en vigencia en marzo de 2026.
Cambios centrales del sistema acusatorio
Tras la capacitación, Barroetaveña explicó a Canal Doce que “el año que viene se va a implementar en la jurisdicción el nuevo Código Procesal Penal Federal, así que es fundamental este tipo de encuentros para poner en común los dilemas y distintas cuestiones sobre su implementación”.
Entre los principales cambios, destacó que “la Instrucción de la Investigación Penal preparatoria pasa a manos del fiscal, además de audiencias breves y acotadas para resolver distintas cuestiones, lo que implica menor delegación”. También señaló que las Oficinas Judiciales serán las encargadas de gestionar la actividad del proceso.
Barroetaveña precisó que “esto no debilita la función del juez de ninguna manera, sigue con la función jurisdiccional”. Explicó que toda medida que afecte garantías constitucionales, como allanamientos, intervenciones de líneas o detenciones, requerirá autorización judicial.
Más celeridad y audiencias orales
El magistrado resaltó que la nueva estructura promoverá mayor celeridad procesal y audiencias públicas desde las primeras etapas. “Este cambio produce mayor rapidez en los procesos, con plazos acotados y distintas vías de solución de los conflictos que no necesariamente terminan en un juicio oral”, afirmó.
Sobre los delitos complejos como narcotráfico, lavado de activos, corrupción y trata, indicó que continuarán requiriendo técnicas especiales de investigación con control judicial.
Respecto de la prisión preventiva, aclaró que “el concepto de indagatoria ya no existe más en este sistema acusatorio adversarial” y que se buscará sostener la libertad del imputado durante el proceso, salvo en casos de delitos graves donde se evaluarán medidas alternativas como la domiciliaria o la caución patrimonial.
