El Senado rechazó el Decreto 759/2025 y advirtió sobre un “intento sistemático de degradar la educación superior”
La Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación expresó su “enérgico rechazo” al Decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo, que suspendió la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El comunicado denuncia una violación constitucional y un ataque al federalismo educativo.
El Senado defendió la vigencia de la Ley 27.795 y cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo
En un documento difundido este miércoles, los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Senado de la Nación expresaron su rechazo al Decreto N° 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de la Ley N° 27.795, norma aprobada con amplia mayoría parlamentaria que establece el Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario Docente.
“Expresamos nuestro más enérgico rechazo al Decreto N° 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional suspende en forma ilegítima la aplicación de la Ley N° 27.795”, señala el comunicado firmado por los senadores de la Comisión.
El texto remarca que la medida del Ejecutivo contradice “el proceso establecido por la Constitución Nacional para la formación y sanción de leyes”, calificando al decreto como “nulo de nulidad absoluta e insanable” por violar los principios de legalidad y división de poderes.
Un pronunciamiento institucional en defensa del sistema universitario
Los legisladores recordaron que desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, el Congreso de la Nación “ha demostrado su compromiso con el sistema universitario nacional”, acompañando “la lucha de la comunidad docente, no docente y estudiantil frente al desfinanciamiento y al intento sistemático de degradar la educación superior”.
El comunicado destaca que el Sistema Universitario Nacional está integrado por 64 instituciones y alberga a más de 2 millones de estudiantes de grado y pregrado, con una matrícula en crecimiento sostenido, “especialmente en carreras vinculadas a las ciencias aplicadas”. Además, sostiene que el sistema emplea a 220.000 docentes y 60.000 trabajadores no docentes, responsables del funcionamiento académico y administrativo en todo el país.
“La arbitraria decisión del Gobierno Nacional de suspender nuevamente la vigencia de una norma aprobada por amplísima mayoría parlamentaria constituye una afrenta al federalismo y a los principios de legalidad que rigen nuestro sistema republicano”, subraya el documento.
Advertencia institucional y pedido de cumplimiento efectivo
La Comisión de Educación y Cultura argumentó que cualquier intento del Ejecutivo de dilatar la aplicación de la ley constituye una nueva demostración del “desprecio del Presidente Javier Milei y su gabinete hacia las instituciones”.
“Es un ejercicio autoritario que pretende hacer oídos sordos a la manda de uno de los poderes constituidos y debe ser sancionado de acuerdo a la Constitución Nacional y el Código Penal”, remarcaron.
En ese marco, los senadores reafirmaron su compromiso con la universidad pública argentina como pilar del conocimiento, la movilidad social ascendente y el desarrollo soberano.
“Instamos al Poder Ejecutivo Nacional a garantizar el cumplimiento efectivo e inmediato de la Ley N° 27.795, incorporando las partidas necesarias tanto en el Presupuesto 2026 como en el Presupuesto en debate en la Cámara de Diputados”, sostiene el comunicado.
