La Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó este miércoles que Israel está obligado a permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde la población civil atraviesa una grave crisis. La decisión responde a una solicitud de la Asamblea General de la ONU, que pidió aclarar las responsabilidades de Israel bajo el derecho internacional humanitario.
“El Estado de Israel, como potencia ocupante, está obligado a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”, indicó la corte en su opinión consultiva. Si bien el dictamen no es vinculante, reafirma el deber de las potencias ocupantes de garantizar la asistencia a poblaciones civiles en situación de emergencia.
El tribunal recordó que Israel “tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda humanitaria previstos en el artículo 59 del Cuarto Convenio de Ginebra”, dado que la población gazatí “no ha recibido suministros suficientes”. En este sentido, instó al país a garantizar la disponibilidad de alimentos, agua, refugio, combustible, suministros médicos y servicios básicos para la vida cotidiana.
Además, la corte fue enfática al señalar que Israel no puede invocar razones de seguridad para suspender o limitar las actividades humanitarias en los territorios ocupados. “La potencia ocupante no puede utilizar el hambre de los civiles como método de guerra”, advirtió el documento, en una de sus afirmaciones más contundentes.
Instaron a Israel a respetar y proteger al personal humanitario
La CIJ también subrayó que Israel debe “respetar y proteger a todo el personal y las instalaciones de ayuda y médicos”, y permitir por todos los medios el trabajo de las agencias de la ONU, en particular de la UNRWA, así como de otras organizaciones internacionales y Estados que colaboren en la asistencia.
La opinión consultiva es resultado de una solicitud presentada en diciembre de 2024 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en busca de una interpretación legal sobre las obligaciones de Israel como potencia ocupante.
Las audiencias públicas se desarrollaron entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2025, con la participación de 39 Estados, la ONU y organismos regionales como la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y la Unión Africana.
