El tiempo comenzó a correr para Federico “Fred” Machado, el empresario argentino vinculado al diputado oficialista José Luis Espert. La justicia de Estados Unidos le dio un plazo de cinco semanas para decidir si acepta un acuerdo de cooperación con la fiscalía o enfrenta un juicio por los delitos de narcotráfico, estafa y lavado de activos.
El juez federal Bill Davis, con asiento en Texas, estableció como fecha límite el lunes 15 de diciembre a las 16. Machado deberá informar su decisión por correo electrónico, fax o nota escrita. En este sentido, el magistrado advirtió que, vencido ese plazo, no aceptará un acuerdo y el acusado perderá la posibilidad de obtener una reducción en su condena.
Machado se encuentra detenido en el Centro de Detención del condado de Fannin, adonde fue trasladado tras su extradición desde Argentina la semana pasada. Durante cuatro años permaneció bajo arresto domiciliario, mientras la justicia argentina analizaba su envío a Estados Unidos. Su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión por fraude y lavado, un antecedente que agrava la situación del empresario.
Según la acusación, Machado y Mercer-Erwin diseñaron una red internacional de lavado y fraude corporativo mediante la compraventa de aeronaves. En esta línea, la fiscalía sostiene que el argentino aportó el capital y los contactos del narcotráfico necesarios para el esquema. Los investigadores aseguran que utilizó sociedades de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow para canalizar millones de dólares provenientes del tráfico de drogas.
Fred Machado define su futuro ante la justicia de Estados Unidos
Entre las pruebas figura documentación del Bank of America, donde Espert aparece como beneficiario final de una transferencia de US$200.000 vinculada a Machado. El registro bancario confirma que la operación fue “válida y efectiva” y llegó a una cuenta asociada al diputado. Para la fiscalía, las instrucciones “further credit to” del movimiento financiero permiten identificar a los destinatarios reales de los fondos lavados.
El juez Davis también definió las fechas clave del proceso. La audiencia previa al juicio se realizará el 9 de enero, aunque el juicio por jurado podría comenzar más adelante, si no se concreta un acuerdo entre las partes. Además, los abogados del empresario presentaron una moción de emergencia solicitando que el Servicio de Alguaciles garantice la entrega inmediata de su medicación.
En el escrito, los defensores argumentaron que la falta del tratamiento podría generar “riesgos significativos de salud, incluyendo un infarto o, incluso, la muerte”. Ante la advertencia médica, la Corte ordenó verificar que el detenido reciba sus medicamentos o sea trasladado a un centro hospitalario que asegure su atención adecuada.
