La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, dio a conocer este martes la sentencia sobre el secuestro y homicidio del misionero Carlos Tereszecuk, ocurrido en noviembre de 1976. El fallo determinó que se trató de un crimen de lesa humanidad motivado por razones políticas.
La resolución judicial también dejó en claro que el “arrojamiento de cuerpos al Río Paraná fue una práctica sistemática del terrorismo de Estado”. En este sentido, se identificó un patrón común en las ejecuciones: las víctimas estaban desnudas, atadas con alambres, con disparos en el pecho o cráneo, las yemas de los dedos cortadas y profundos cortes abdominales para evitar que flotaran.
Durante la audiencia virtual participaron familiares del misionero, representantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de la Fiscalía Federal, de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y abogados querellantes. Además, la lectura de la sentencia se proyectó en la Casa por la Memoria de Resistencia, en la Facultad de Humanidades de Posadas y en el Espacio por la Memoria del ex Regimiento 9 de Corrientes.
El fallo se dictó a partir del pedido de los familiares de Tereszecuk, quienes reclamaron conocer la verdad como víctimas de un crimen de lesa humanidad. En esa línea, Sofía Tereszecuk, sobrina de Carlos, expresó tras el veredicto: “La importancia de conocer la verdad, por más dolorosa que sea, porque nos ayuda a cerrar un ciclo como familia y tener un poco de paz”.
El fallo judicial reconstruyó el secuestro, tortura y homicidio del misionero en 1976
La sentencia reconstruyó los hechos ocurridos en noviembre de 1976, cuando Tereszecuk fue secuestrado y trasladado a la Jefatura de Policía de Resistencia, utilizada entonces como Centro Clandestino de Detención. Testigos afirmaron que sufrió graves torturas que le impidieron caminar y que otro detenido debió asistirlo por orden de sus captores. Días después, fue asesinado y su cuerpo arrojado al río Paraná, donde apareció el 15 de noviembre de 1976 en Empedrado, Corrientes. El EAAF lo identificó en 2018.
El análisis del tribunal enmarcó el crimen en una persecución ideológica sistemática contra quienes eran considerados opositores al régimen militar. Asimismo, reafirmó que el objetivo fue el aniquilamiento de la disidencia política mediante secuestros, torturas y asesinatos planificados.
En esta línea, la investigación también corroboró que la práctica de arrojar cuerpos al río se repitió en otras víctimas identificadas, como Rómulo Artieda, Julio “Bocha” Pereyra y el propio Carlos Tereszecuk. Las autopsias y los testimonios demostraron un mismo patrón de violencia, con el propósito de borrar las huellas de los crímenes y silenciar para siempre a las víctimas del terrorismo de Estado.
