Desde este miércoles 12 y hasta el viernes 14 de noviembre, los docentes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) se suman al paro nacional de 72 horas convocado por las federaciones CONADU Histórica y CONADU. La medida busca exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el pasado 21 de octubre, que establece la actualización del presupuesto y de los salarios del sector.
El reclamo se da en un contexto de deterioro salarial, con una pérdida estimada del 40% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y sin convocatorias a paritarias desde octubre del año pasado. En Misiones, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (ADUNaM) confirmó la adhesión total al paro.
Los gremios sostienen que la falta de aplicación de la ley implica un incumplimiento constitucional y agrava la crisis en las universidades públicas. Además del reclamo salarial, piden la reactivación de obras paralizadas, la actualización de becas estudiantiles (como las Progresar) y la garantía de condiciones laborales adecuadas.
El paro será “activo”, con actividades de visibilización y encuentros informativos en las distintas unidades académicas, donde se explicará a la comunidad universitaria el impacto del desfinanciamiento. Según los gremios, el objetivo es sostener el acompañamiento social logrado tras las movilizaciones federales realizadas durante 2024.
Las consecuencias de la no aplicación de la Ley de Financiamiento
Entre las principales preocupaciones se destaca el incremento del pluriempleo docente y la migración laboral hacia otros sectores. En la UNaM, muchos profesores deben recurrir a trabajos extra para complementar ingresos, lo que afecta tanto la investigación como la extensión universitaria.
El conflicto podría extenderse si no hay respuestas del Ejecutivo nacional. Las federaciones universitarias evalúan nuevas medidas, que podrían incluir la suspensión de mesas de examen en diciembre o, incluso, de no haber respuestas, podrían profundizar las medidas hacia el cierre del ciclo lectivo.
Desde el sector docente advierten que la protesta no se limita a una cuestión salarial, sino que busca preservar el carácter público y sin costo de la universidad argentina, ante lo que consideran una amenaza de vaciamiento institucional y pérdida de derechos laborales.
