La obra social OSPRERA, intervenida por el gobierno de Javier Milei, solicitó a la Secretaría de Trabajo la apertura de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC). La intervención encabezada por Marcelo Carlos Petroni, cercano a Eduardo “Lule” Menem, aseguró que busca reorganizar la economía del organismo sin afectar la atención de los afiliados.
El pedido se presentó un día después de que el juez federal Sebastián Casanello ordenara nuevas medidas de prueba en la causa que analiza presuntas maniobras del secretario de Trabajo Julio Cordero y otros funcionarios. En tanto, la Justicia investiga si existieron acciones destinadas a forzar la intervención de Osprera y debilitar a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).
Desde el entorno del secretario general José Voytenco reaccionaron con fuerte malestar ante el avance del PPC. “Dicen que necesitan recortar personal, pero mientras tanto Petroni sigue haciendo designaciones”, remarcaron desde el gremio. Además, señalaron que en Santiago del Estero se designó “un remisero que el año pasado chocó borracho y se dio a la fuga”.
La referencia apuntó a Ricardo Alberto Díaz, designado el 20 de noviembre, quien fue detenido en 2023 tras un choque mientras conducía un remis en estado de ebriedad. En este sentido, la intervención explicó que Osprera destina un 16% de su gasto mensual al personal, el doble del tope del 8% que fija la Superintendencia de Servicios de Salud.
Buscan frenar el deterioro financiero y sostener la atención médica
Petroni sostuvo que el Proceso Preventivo de Crisis permitiría un ahorro superior a $10.500 millones, suficiente para equilibrar las cuentas sin afectar servicios esenciales ni prestaciones médicas. Asimismo, la conducción señaló que esta herramienta legal ordena la estructura económica de entidades en situación crítica sin paralizar su funcionamiento.
Según explicaron desde la intervención, el PPC se aplicará para asegurar la continuidad de las prestaciones, garantizar la provisión de medicamentos, normalizar vínculos con prestadores y resguardar puestos de trabajo. Además remarcaron que el proceso se realizará bajo supervisión estatal a lo largo de toda la implementación.
El escenario financiero de Osprera ya mostraba signos delicados antes de la intervención. En este sentido, la obra social había recibido un aporte extraordinario de $3.350 millones en diciembre de 2023. Con el cambio de gestión, la administración libertaria dispuso la intervención por decreto y desplazó a la conducción sindical en medio de un proceso judicial que continúa en trámite.
