El miércoles, durante la edición del programa de streaming Dólar Blue, el cineasta y referente libertario Diego Recalde, analizó el fallo judicial que condenó a Mónica Gurina y Leandro Sánchez por el acampe realizado el año pasado en la avenida Uruguay de Posadas. Sostuvo que es necesario proteger la actividad privada comercial afectada por la forma de reclamo.
El fallo volvió a instalar el debate sobre los cortes de calle y su impacto económico. Inclusive la causa, se originó por denuncias de comerciantes que afirmaron que el bloqueo generó pérdidas y complicaciones en el tránsito peatonal y vehicular.
Al respecto, Recalde señaló que “hay que empezar a cuidar al sector privado, que es el que crea riquezas y hace posible que el Estado exista, y que seguramente gracias a ellos esos docentes cobren sus sueldos, igual que piqueteros que habitualmente cortan la calle”.
Al destacar el fallo de la Justicia misionera y en defensa de los negocios afectados, remarcó la importancia de “cuidar al tipo que hace posible que vos cobres tu sueldo“.
En el cierre del debate, el panelista del programa, Jerónimo Alba Posse, afirmó que “es necesario establecer un control para que no corten las calles ni generen disturbios en la vía pública. Si se quiere hacer un reclamo, se pueda hacer pero de manera apropiada, sin entorpecer el trabajo de los demás”.
La sentencia sumó un precedente penal en Misiones
La jueza Marcela Leiva consideró acreditada la desobediencia judicial y el entorpecimiento del transporte. Por esa razón impuso 10 meses de prisión en suspenso a Gurina y 8 meses a Sánchez. Ambos deberán cumplir reglas de conducta y la sentencia quedará asentada en sus antecedentes.
La magistrada fundamentó que el corte prolongado en una vía estratégica excedió el marco de protesta y afectó de modo directo la circulación y la actividad comercial. El expediente también señala que, tras una orden judicial emitida el 1 de junio, los manifestantes liberaron parcialmente la avenida, pero horas después retomaron el bloqueo total. El 3 de junio, la Policía constató nuevamente la presencia de los dirigentes en el lugar.
Con la resolución, Misiones incorpora un precedente penal en torno a los cortes prolongados y su impacto social y económico.
