La relación entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional continúa bajo tensión. El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, aseguró que “nadie en el Poder Ejecutivo está pensando en intervenir la AFA”.
Vitolo detalló que la entidad sigue bajo control de la IGJ, ya que no completó los procedimientos legales para trasladar su sede fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice”, afirmó.
El funcionario explicó que la mudanza aprobada en asamblea carece de validez hasta que se reforme el estatuto, se obtenga aprobación de la IGJ y se cumplan todos los trámites administrativos, incluyendo la notificación a la jurisdicción original.
Además, Vitolo recordó que la AFA mantiene deudas informativas desde 2017 por inconsistencias en los estados contables. “Han colocado en una serie de partidas globales sumas ideales sin abrirlas”, precisó y agregó que la entidad no respondió a requerimientos sobre el destino de esos fondos.
En este sentido, el titular de la IGJ subrayó que la AFA no puede iniciar una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires sin regularizar las obligaciones pendientes. “No vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto”, sostuvo.
Vitolo señaló que la AFA celebró asambleas fuera de la jurisdicción de la IGJ y afirmó que su fiscalización no puede ser reemplazada por la Dirección de Personas Jurídicas de Buenos Aires, algo que “legalmente no es posible”.
La AFA enfrenta cuestionamientos legales y contables
Respecto a escenarios legales, explicó que existen tres alternativas: intervención por violaciones graves bajo la IGJ, medidas judiciales penales para proteger bienes en investigaciones por lavado de dinero, y solicitudes civiles de clubes ante la Justicia Civil Ordinaria. Estas intervenciones pueden ir desde la designación de un veedor hasta el desplazamiento total de autoridades.
El funcionario advirtió sobre la situación contable de la AFA. “La AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar”, indicó. Entre los gastos cuestionados mencionó 18 millones de dólares en administración, 3,5 millones en el Colegio de Árbitros y la Escuela Técnica, 44 millones en selecciones nacionales y 12,5 millones en aportes a la FIFA y Conmebol. “La AFA tiene que explicar gastos por ciento once millones de dólares”, enfatizó, sin afirmar mal uso de fondos, pero destacando la necesidad de transparencia.
La situación se replica en la Superliga Profesional del Fútbol Argentino, que debe justificar 348 millones de dólares. En 2020, figuraban 72 millones en “rendiciones a clubes” sin especificar su destino. “¿Cómo puedo hacer un control de cruzado si no me dicen cuánto recibió qué club?”, cuestionó Vitolo.
El titular concluyó que, pese a ajustes estatutarios de la Superliga, persisten dudas sobre la transparencia de sus operaciones y alertó que la modificación del objeto social podría desnaturalizar su carácter de asociación civil sin fines de lucro, aunque algunos fines de lucro secundarios son permitidos desde 2015.
