La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió acudir a la Justicia para exigir que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada por Javier Milei. El sindicato de nodocentes sostuvo que la norma no se ejecuta porque el Poder Ejecutivo no asigna los recursos previstos. La decisión surgió en un plenario nacional encabezado por el secretario general Walter Merkis, y se encarma en el plan de protesta iniciado tras la falta de cumplimiento de la ley.
La organización confirmó que continuará en estado de “alerta y movilización”. En ese encuentro advirtió que, sin respuestas oficiales, “peligra en 2026 el comienzo del ciclo lectivo y el normal funcionamiento” de las universidades públicas. También denunció que el proyecto de presupuesto 2026 resulta insuficiente para garantizar la actividad universitaria.
La Fatun reclama acciones judiciales y legislativas
Entre las resoluciones, la Fatun resolvió “monitorear el avance de la presentación 16.348/2025 donde la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT) interpuso una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional”. El texto judicial solicita “que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 759/2025, en tanto suspende de manera irregular la Ley 27.795, que garantiza el financiamiento y recomposición salarial del personal no docente de las universidades nacionales”. La entidad planteó que el decreto afecta directamente los recursos y los derechos laborales del sector.
En el plano político, el gremio solicitó que el Congreso vuelva a emplazar al Gobierno. El pedido es que las cámaras “ratifiquen, una vez más, su posición en defensa de la educación pública general y de la universidad pública en particular”. Tal como ocurrió en las sesiones que dieron origen a la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, el sindicato pidió al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoque a la Comisión Negociadora de Nivel General para analizar el escenario y elevar propuestas conjuntas.
El actual escenario nacional afecta el poder adquisitivo de 50 mil trabajadores nodocentes
El plenario autorizó a la Mesa Ejecutiva a “adoptar todas las medidas de acción directa que estimen necesarias”. En ese documento se expresó que, pese a dos años de “firme voluntad negociadora”, ninguna propuesta del sector recibió respuesta desde el Gobierno nacional. Según el medio Gestión Sindical, este escenario profundiza la pérdida del poder adquisitivo en los 50 mil trabajadores nodocentes. Algo que desfinancia el sistema previsional, de salud y afecta las condiciones laborales.
