En un escenario de fuerte retracción de la actividad industrial y profundización de la crisis siderúrgica por el contexto de crisis nacional que redujo las obras públicas y liberó las importaciones, Acindar y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución acordaron extender durante 2026 el esquema de suspensiones rotativas que la empresa viene aplicando para atenuar el impacto laboral de la caída de la producción.
El entendimiento quedó formalizado en una minuta firmada por ambas partes, que ahora deberá ser homologada por el Ministerio de Trabajo de la provincia. El acuerdo contempla una rotación equitativa de las suspensiones y el pago de un salario proporcional, con un esquema escalonado que comenzará en el 83% del salario en los primeros meses del año y descenderá hasta el 75% en el último trimestre de 2026.
La siderúrgica, que emplea de manera directa a 2.500 trabajadores, opera desde 2024 con aproximadamente la mitad de su capacidad productiva. La situación responde al derrumbe del mercado interno y, especialmente, al freno de la obra pública desde el inicio del gobierno del presidente Javier Milei, uno de los principales motores de la demanda de acero.
Durante 2024 y 2025, Acindar ya había implementado un sistema similar, con ajustes mensuales según el nivel de producción. El nuevo acuerdo busca replicar ese esquema en 2026, ante la previsión de que el próximo año mantenga un contexto igualmente adverso para el sector.
El cronograma salarial acordado establece:
- 83% del salario en enero y febrero
- 81% en marzo y abril
- 80% en mayo, junio y julio
- 78% en agosto y septiembre
- 75% en octubre, noviembre y diciembre
Acindar un indicador que refleja la magnitud de la crisis
Los indicadores oficiales y sectoriales reflejan la magnitud de la crisis. El Indec informó que el Índice de Producción Industrial manufacturero registró una caída interanual del 2,9% en octubre, mientras que la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) señaló que hacia septiembre el 60% de las ramas industriales de la provincia mostraban retrocesos.
En el caso del acero, la situación es aún más crítica: la producción siderúrgica en Santa Fe cayó 45% interanual, alcanzando, según Fisfe, los niveles más bajos en 17 años. La entidad atribuyó este desplome a la baja demanda interna y a la paralización total de la obra pública nacional.
El impacto también se refleja en el empleo. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) indicó que, desde el inicio del actual gobierno, se perdieron más de 19 mil empresas y 276 mil puestos de trabajo en todo el país, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). En Santa Fe, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, desaparecieron más de 2 mil empleadores y se perdieron 15.657 empleos registrados.
A este diagnóstico se suma el análisis del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), que advirtió que la combinación de dólar barato y apertura importadora acelera el proceso de desindustrialización, con cierres de empresas y pérdida de empleo.
Para su coordinador, el economista Andrés Asiaín, estas consecuencias no son un efecto colateral, sino el resultado buscado de una política económica orientada a presionar al empresariado local y endurecer las condiciones de negociación salarial, en un contexto de reducción del costo laboral.
