La Justicia dio un nuevo paso en la causa que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. En ese marco, el juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del dirigente.
La medida no alcanzó solo a Tapia. Además, incluyó a su mano derecha, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a otros integrantes clave. Entre ellos figuran el secretario general Cristian Ariel Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
La resolución se inscribió dentro de una investigación por presunta apropiación indebida de aportes previsionales. Este delito suele vincularse con el incumplimiento en el pago de cargas sociales retenidas a trabajadores.
Qué implica la medida contra Chiqui Tapia
Con esta decisión, el magistrado habilitó el acceso a información sensible. En consecuencia, la investigación podrá analizar movimientos bancarios, declaraciones impositivas y operaciones financieras de los directivos.
Según fuentes judiciales, el objetivo central apunta a determinar si existieron maniobras irregulares en el manejo de fondos previsionales. Por ello, el expediente avanza dentro del fuero penal económico.
El levantamiento del secreto fiscal y bursátil permitió ampliar el alcance de la pesquisa. Así, la Justicia incorporará nuevos elementos para evaluar la situación patrimonial de la conducción de la AFA.
Desde el entorno judicial aclararon que la medida no implica una imputación automática. Sin embargo, sí expone a los dirigentes a un mayor nivel de control y escrutinio institucional.
El fallo de Amarante representó un avance significativo dentro de la ofensiva judicial contra la actual conducción del fútbol argentino. A partir de ahora, el expediente contará con información clave para profundizar la investigación. En paralelo, la causa mantuvo bajo observación a toda la mesa directiva del organismo rector del fútbol nacional. De ese modo, el análisis no se concentró únicamente en la figura del presidente.
El contexto judicial volvió a colocar a la AFA en el centro de la escena pública. Además, reavivó el debate sobre la transparencia en la administración de fondos dentro de las entidades deportivas. Mientras tanto, la investigación continuará su curso en los tribunales. El juez evaluará la documentación que surja del levantamiento del secreto y definirá los próximos pasos procesales.
Con este escenario, la conducción del fútbol argentino enfrenta un momento de fuerte presión judicial. El avance de la causa marcará el rumbo institucional en los próximos meses.
