Nación profundizó el ajuste sobre salarios y jubilaciones, con pérdidas reales que llegaron hasta 33% entre 2023 y 2025. El dato surge de un informe del economista Nadin Argañaraz, elaborado con cifras de ANSES, INDEC y BCRA. Lo que deja un balance claro: ningún ingreso formal recuperó el poder adquisitivo previo a noviembre de 2023, con una sola excepción, la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El cierre de 2025 confirmó que el esquema fiscal definido por el Gobierno nacional tuvo ganadores y perdedores bien marcados. Los más afectados fueron los empleados públicos nacionales, que acumularon la mayor caída real de ingresos del período, mientras que la AUH mostró un crecimiento sostenido y explicó parte de la baja de la pobreza.
Salarios públicos: el principal recorte del modelo nacional
Según el estudio, los estatales nacionales registraron una pérdida salarial superior al 30% real entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. El ajuste se concentró primero en 2024 y se profundizó en 2025. En términos concretos, el primer año cerró con una caída del 27%, mientras que en 2025 el recorte escaló al 33,5% frente al mismo mes de referencia.

Los trabajadores provinciales mostraron un desempeño algo distinto. Aunque también perdieron poder adquisitivo, lograron moderar la caída: pasaron de un retroceso del 18,1% real en 2024 a una baja del 10,9% en 2025. El informe destaca que, en un año atravesado por elecciones legislativas, las provincias recuperaron ingresos con mayor velocidad que Nación.
En el sector privado registrado, el impacto resultó menor, aunque sin recuperación plena. Los salarios cerraron 2025 con una caída del 1,5% real, luego de haber perdido 6,1% en 2024. Aun así, el nivel salarial quedó por debajo del poder de compra de 2023.
Jubilaciones: bono congelado y pérdida persistente
Las jubilaciones continuaron entre los ingresos más castigados. El haber mínimo anual cayó 14,9% real entre 2023 y 2024 y volvió a descender 13,8% en 2025. El impacto fue mayor para quienes cobran el bono compensatorio, congelado desde marzo de 2024.

“El jubilado que percibe la mínima más bono perdió el equivalente a 1,4 haberes reales de noviembre de 2023”, señaló Argañaraz. En contraste, las jubilaciones sin bono mostraron una leve mejora hacia el cierre de 2025, con un aumento acumulado de 0,8 haberes reales de aquel período. En conjunto, el sistema jubilatorio terminó 2025 con una pérdida del 9,1%, tras haber caído hasta 18,7% en 2024.
AUH: la excepción del esquema fiscal
El contraste lo marcó la AUH, que cerró 2025 con un poder adquisitivo 67,2% superior al de 2023. En 2024 ya había registrado un incremento real del 47,4%, lo que la convirtió en el ingreso que más creció en los últimos dos años.

Esta mejora explicó buena parte de la evolución social reciente. La pobreza bajó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 31,6% en el primer semestre de 2025, impulsada por la AUH y por una mayor captación de ingresos informales en las estadísticas oficiales.
“El gasto salarial fue uno de los rubros que Nación siguió recortando en 2025 para sostener el equilibrio fiscal y financiar aumentos en jubilaciones y AUH”, explicó el economista.
Ingresos en 2026: continuidad del ajuste y mejoras limitadas
Las proyecciones no anticipan un cambio de rumbo. Para 2026, Argañaraz no espera variaciones significativas en el poder adquisitivo de los ingresos formales. Con menor inflación, prevé una leve suba real de las jubilaciones, aunque insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas, en especial para quienes dependen del bono de $70.000.
En el sector público nacional, la restricción presupuestaria seguirá como límite central, con escaso margen para recomponer salarios. En el sector privado, la mejora dependerá de los sectores que lideren la actividad y de la disputa por la distribución del crecimiento del PBI
El balance deja un dato contundente: el ajuste definido por Nación se apoyó en salarios y jubilaciones, mientras que la AUH funcionó como amortiguador social. El debate pendiente sigue abierto: quién paga el costo del equilibrio fiscal y quién queda protegido dentro del esquema económico actual.

