Un reciente informe del Instituto Argentina Grande reveló un panorama crítico para la infraestructura del país: el 29% de las rutas nacionales se encuentra actualmente en “mal estado”. Este deterioro representa un crecimiento de seis puntos porcentuales respecto a la gestión anterior, cuando el indicador se ubicaba en un 23%.
La situación es especialmente alarmante en puntos específicos del territorio. En Tucumán, el 60% de los caminos están deteriorados, seguido por la provincia de Buenos Aires con un 52% y Chaco con un 51%. Por su parte, Entre Ríos registra un 44% de sus rutas en condiciones deficientes, lo que ya ha tenido consecuencias trágicas.
Desde la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advierten que el organismo se encuentra “bajo asedio” debido al plan de ajuste del gobierno de Javier Milei. Según los gremios, el recorte de recursos y personal ha dejado a la entidad sin capacidad para realizar tareas de mantenimiento básico en casi toda la red.
Subejecución presupuestaria y denuncias
El informe del Instituto Argentina Grande destaca una fuerte subejecución de los recursos. Durante el 2025, Vialidad Nacional solo invirtió el 46% de los fondos asignados, a pesar de que el Impuesto a los Combustibles tiene una afectación específica por ley para el mantenimiento del sistema vial.
Esta maniobra financiera, que busca priorizar el superávit fiscal sobre la seguridad vial, derivó en una denuncia penal contra el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy. La acusación, que recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, es por presunta malversación de fondos públicos y desvío de recursos.
FEPEVINA sostiene que el dinero que los ciudadanos pagan al cargar combustible no se está volcando a bacheo o señalización. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, varios gremios han enviado cartas documento exigiendo que se declare la “emergencia vial” en todo el territorio nacional.
Impacto en la seguridad y la economía
La falta de inversión tiene un correlato directo en la siniestralidad. En los primeros días de 2026, cuatro accidentes fatales en Entre Ríos se cobraron la vida de 10 personas. Especialistas estiman que los siniestros fatales ya habían aumentado un 25% durante el año 2024 debido a las malas condiciones de las calzadas.
Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las “maniobras bruscas” son la segunda causa de choques, y estas suelen ser detonadas por baches o desniveles en el asfalto. La Cámara Argentina de la Construcción advirtió que esta inacción es financieramente irresponsable, ya que reparar una ruta destruida cuesta diez veces más que el mantenimiento preventivo.
Además del costo humano, el abandono de las rutas afecta la competitividad económica. Una ruta en mal estado encarece el flete y la logística, lo que se traduce en un aumento de precios de los alimentos en las góndolas, lo que funciona como un “impuesto oculto” para todos los consumidores argentinos.
En este contexto de desfinanciación, el Gobierno avanzó con la Red Federal de Concesiones. El pasado 6 de enero se firmaron contratos para entregar 741 kilómetros de tramos estratégicos a manos privadas, una medida que es rechazada por los trabajadores viales, quienes alertan sobre las consecuencias de la privatización.
