Guatemala atravesó un nuevo episodio de violencia extrema tras una serie de ataques atribuidos a pandillas contra fuerzas de seguridad. El gobierno acusó a estos grupos criminales de asesinar a siete policías.
El domingo, las autoridades señalaron a Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha como responsables de los homicidios. Ambos grupos son considerados “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala.
Según el gobierno, los ataques ocurrieron como represalia por la negativa estatal a negociar beneficios penitenciarios. Las pandillas exigieron el traslado de sus cabecillas a cárceles de menor seguridad. Los asesinatos se produjeron un día después de una crisis carcelaria simultánea. Grupos de pandilleros tomaron como rehenes a 46 personas en tres prisiones del país.
La mayoría de los rehenes fueron custodios penitenciarios. Además, los amotinados retuvieron a un siquiatra como parte de las presiones al Estado. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, expresó su pesar por los hechos. “Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos”, afirmó.
Durante la conferencia de prensa, el funcionario detalló el saldo de la violencia. Indicó que otros 10 policías resultaron heridos y que un presunto pandillero murió. Villeda remarcó la postura oficial frente a las exigencias. “No estoy dispuesto ni a pactar ni a retornarles sus privilegios, ni a conceder ningún tipo de consideración”, sostuvo ante los medios.
Desde la mañana del sábado, los pandilleros mantuvieron retenidos a 45 custodios y al profesional de la salud. A través de esa acción, buscaron forzar concesiones penitenciarias. El domingo, las fuerzas de seguridad lograron un primer avance decisivo. Recuperaron el control del penal de máxima seguridad Renovación I, ubicado en Escuintla.
Ese centro penitenciario se encuentra a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. Allí permanecían nueve custodios bajo control de los amotinados. Al alba, los uniformados ingresaron con tanquetas y utilizaron gases lacrimógenos. Tras quince minutos de operativo, controlaron la situación y rescataron a los rehenes.
El Ministerio de Gobernación difundió imágenes del procedimiento en X. El video mostró a agentes escoltando esposado al presunto líder de Barrio 18 en Guatemala. “Fue un operativo que se desarrolló sin que hubieran bajas de ninguno de los dos lados y se logró rescatar con vida a los nueve rehenes”, señaló Villeda.
Sin embargo, la crisis continuó en otros establecimientos. Los pandilleros aún retienen a 28 personas en la prisión Fraijanes II y a otras nueve en Preventivo. Ambos centros se ubican en el este y la periferia de la capital guatemalteca. Allí, las autoridades mantienen negociaciones para lograr nuevas liberaciones.
El ministro reconoció contactos con los amotinados, aunque marcó límites claros. Afirmó que el Estado “no se va a arrodillar ante estos delincuentes”. Desde mediados de 2025, las pandillas protagonizaron distintos motines carcelarios. En todos los casos, reclamaron beneficios para sus líderes encarcelados.
Durante los disturbios del año pasado, uno de los custodios murió por disparos. Además, los incidentes dejaron en evidencia fallas estructurales del sistema penitenciario. En octubre, las autoridades informaron la fuga de 20 jefes de Barrio 18 de una prisión. Ese episodio provocó la remoción de la cúpula de seguridad.
Solo seis de los fugados fueron recapturados, mientras que otro murió baleado.
