La Municipalidad de Posadas, en conjunto con la Policía de Misiones y el Ministerio de Salud, intervino este martes 21 en un geriátrico que funcionaba de manera clandestina en el barrio San Isidro, donde se encontraban alojados cinco adultos mayores en condiciones indignas. La directora de la Secretaría de Salud municipal, Ana María Paredes, brindó detalles del operativo.
Según explicó la funcionaria, la intervención fue posible a partir de una denuncia recibida en la Comisaría 15ª, y aclaró que el ingreso al lugar se concretó mediante una orden judicial. En ese sentido, enfatizó que, aún ante denuncias, el Municipio no puede ingresar a un establecimiento clandestino sin autorización judicial o consentimiento voluntario.
Las condiciones del geriátrico clandestino
Paredes describió un escenario alarmante una vez dentro del inmueble. Indicó que los cinco adultos mayores se encontraban “carentes de todo lo que se puede considerar digno para el cuidado de las personas”, sin ningún tipo de seguimiento médico ni personal capacitado que pudiera dar cuenta de su estado de salud. La situación edilicia también era crítica: había solo tres habitaciones en mal estado, un baño compartido sin agua y una cocina sin alimentos visibles. “No sé cómo se alimentarían estas personas”, expresó.
La directora detalló que el deterioro del lugar era evidente no solo por la falta de infraestructura básica, sino también por las condiciones de higiene y habitabilidad. Los pisos húmedos, el fuerte olor y la ausencia total de cuidados personales daban cuenta de un abandono sostenido, especialmente grave considerando la escasa movilidad de algunos residentes.
Ante este panorama, el equipo actuante labró un acta de clausura inmediata. “Esto es nuestro protocolo de procedimiento”, afirmó Paredes al explicar que se constató además la inexistencia total de documentación administrativa. No había habilitaciones ni registros formales que avalaran el funcionamiento del geriátrico, por lo que las actuaciones quedaron elevadas al Juzgado de Faltas y ahora se aguarda la resolución judicial correspondiente.
Respecto a la situación de las personas, la funcionaria confirmó que todos fueron retirados del lugar. Tres de ellos fueron quedaron bajo el resguardo de sus familiares, mientras que los dos restantes fueron trasladados en ambulancia a un geriátrico de Miguel Lanús para garantizar su resguardo inmediato.
Abandono total
La Directora de la Secretaría de Salud municipal también relató que, tras la intervención, se presentó una persona que dijo ser el dueño del lugar. Según explicó, los responsables alegaron que estaban “por iniciar su habilitación” y que incluso habían presentado una nota ante el Ministerio de Salud solicitando autorización. Sin embargo, fue contundente al aclarar que ese paso no es suficiente.
Además, explicó que cualquier residencia de adultos mayores debe iniciar el trámite en la municipalidad, donde se evalúa la prefactibilidad y el uso del suelo. Recién con esa aprobación pueden comenzar los requisitos provinciales vinculados a arquitectura hospitalaria, equipos técnicos y personal especializado.
La funcionaria aprovechó para remarcar que el proceso de habilitación es riguroso porque busca garantizar derechos básicos. Solo después de la aprobación provincial, explicó, se vuelve a la municipalidad con una carpeta técnica completa para obtener la habilitación comercial.
Finalmente, Paredes se refirió a una problemática social más amplia que atraviesa este tipo de casos. Indicó que en muchas residencias hay adultos mayores que son dejados por sus familias y luego quedan sin ningún tipo de seguimiento. Incluso mencionó que, en este caso, al menos dos de las personas alojadas manifestaron no tener familia. Para la directora, se trata de una situación compleja que excede una sola intervenció, al remarcar la necesidad de un abordaje integral para proteger a los adultos mayores.
