El conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Justicia se intensificó tras la sentencia del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad en un plazo de dos semanas. En la Casa Rosada aseguran que no podrán hacerlo porque “los fondos totales no están”.
La resolución del magistrado exige al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que en cinco días informen y acrediten con documentación el avance de los trámites. Además, advirtió que habrá sanciones si no se cumple con lo requerido.
Este jueves, el ministro de Salud Mario Lugones se reunió con el jefe de Gabinete Manuel Adorni en Casa Rosada por más de una hora. Aunque no hubo declaraciones oficiales, cerca del Presidente señalaron que, en caso de acatar la medida, lo harán con “las herramientas que tengamos”.
En este sentido, el Gobierno analiza “maquillar” el cumplimiento de los fallos, pero no aplicarlos de manera completa. La frase “no hay plata” se repite como argumento central mientras evalúan enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley para modificar la norma vigente.
El oficialismo ya había intentado derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario durante el debate del Presupuesto 2026. Sin embargo, la oposición bloqueó esa iniciativa y mantuvo ambas leyes en vigor.
Según la sentencia, si el Ejecutivo no cumple, tanto Adorni como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.
El fallo también obliga al Gobierno nacional a presentar la resolución que actualiza aranceles a centros prestadores, el plan de pago de compensaciones adeudadas, la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas, los nuevos valores de prestaciones y el decreto reglamentario de la Ley 27.793, que acumula tres meses de retraso.
El fallo judicial advierte sanciones si no se cumple la ley
Las organizaciones que representan a personas con discapacidad anticiparon la respuesta oficial y dudan de que el Presidente Javier Milei respete los fallos judiciales. Por ahora, la Casa Rosada se mantiene firme en su postura de no cumplir con lo que exigen los otros poderes del Estado.
También ignoran el reclamo de miles de familias que perciben pensiones de menos de $300 mil y necesitan apoyo estatal para tratamientos y una vida digna. La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2026 sin el artículo que buscaba eliminar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario. Luego, el Senado dio sanción definitiva al texto que mantuvo ambas normas vigentes.
El Gobierno argumentó que los incrementos de gasto previstos en estas leyes amenazan el déficit cero. Sin embargo, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) concluyó que las partidas necesarias no representan un volumen imposible de afrontar.
El informe de la OPC estima que el número de beneficiarios podría aumentar entre 493 mil y 946 mil personas. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, equivalente al 0,22 por ciento y 0,42 por ciento del PBI. El cálculo incluye la compensación de emergencia a prestadores y la asignación para talleres de producción.
