El conflicto en el Hospital Garrahan escaló el pasado martes cuando la dirección solicitó el levantamiento de la tutela gremial de diez dirigentes. La medida busca avanzar con despidos en el marco del sumario iniciado por la ocupación de oficinas administrativas en octubre de 2025.
Los trabajadores habían realizado esa protesta en reclamo de recomposición salarial, mejoras en las condiciones laborales y más recursos para el hospital. El contexto estuvo marcado por un ajuste nacional sobre el sistema de salud pública.
La decisión se conoció públicamente a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni, antes de que los involucrados fueran notificados de manera formal. El anuncio generó fuerte rechazo entre los gremios.
La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técincos (APyT), Norma Lezana, señaló que “no se trata de un procedimiento administrativo normal, sino de una operación política que busca disciplinar a quienes defendimos el hospital”. Advirtió que el sumario continúa abierto y que los trabajadores ejercerán su derecho a la defensa.
En su cuenta oficial de X (exTwitter), Adorni escribió que “el que las hace, las paga” y confirmó que el hospital había solicitado el desafuero de diez gremialistas. Los acusó de haber dirigido una “toma ilegal” de las oficinas de la dirección.
El funcionario agregó que el conflicto se originó en un reclamo por el pago de días no trabajados. En este sentido, sostuvo que otras 29 personas recibirán sanciones y encuadró la medida en una ofensiva contra “la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien”.
El Garrahan en el centro de la crisis sanitaria nacional
El Consejo de Administración del hospital detalló que se aplicarán sanciones diferenciadas a los 44 trabajadores sumariados. En la mayoría de los casos se dispusieron sanciones menores, pero en once se recomendó la cesantía.
De ese grupo, diez cuentan con tutela gremial, lo que impide ejecutar despidos sin autorización judicial. Entre los alcanzados figuran Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.
Desde la APyT y la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) remarcaron que el proceso administrativo continúa abierto y que, hasta el momento, no hay despidos firmes. El dictamen corresponde a una recomendación de la abogada sumariante y deberá atravesar varias instancias.
Los trabajadores denuncian persecución política en un contexto de ajuste
Los gremios calificaron como “grave e irregular” que el anuncio se haya realizado públicamente antes de la notificación formal. “Nuestros nombres quedaron expuestos con una suerte de sentencia previa”, advirtió Lezana.
Los trabajadores enmarcan el conflicto en una disputa más amplia por salarios, condiciones laborales y recursos. Denunciaron que desde la llegada del interventor Mariano Pirozzo, en julio de 2025, el hospital atraviesa una crisis en distintas áreas.
Según los gremios, Pirozzo fue designado por el ministro de Salud Mario Lugones y responde a una política de recorte nacional. Además, cuestionan la falta de diálogo institucional y denuncian la rescisión de 70 contratos en la Guardia Médica.
Frente a esta situación, los trabajadores anunciaron una conferencia de prensa y convocaron a un Cabildo Abierto para el miércoles 4 de febrero. El objetivo es articular una respuesta unitaria frente a la precarización laboral y los sumarios.
En este sentido, dirigentes de ATE y APyT sostienen que el avance contra sindicalistas busca disciplinar una de las luchas más visibles de 2025. Señalan que el hospital se encuentra en “estado de conmoción” y que el proceso tiene un carácter “cien por ciento político”.
