La decisión del Gobierno nacional de intervenir el calendario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) busca funcionar como un ancla fiscal encubierta. Al mantener vigente la canasta de consumo de 2004, que subestima el peso de tarifas y servicios, el Ministerio de Economía logra mostrar una inflación más baja y, además, activa un mecanismo de licuación del gasto público indexado.
Un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia señaló que esta marcha atrás permitirá al Estado Nacional ahorrar alrededor de cinco billones de pesos en 2026. La cifra equivale a poco menos del 0,5 por ciento del PBI y supera el total de depósitos que el Tesoro tenía en el Banco Central al cierre de enero.
El impacto en los bolsillos
El reporte explicó que el ahorro no surge de un recorte de partidas, sino de una disociación estadística. Mientras la recaudación de impuestos ligados al consumo avanza al ritmo de los precios reales, las partidas de gasto indexadas —como jubilaciones, pensiones, AUH y deuda ajustada por CER— se actualizan con un índice que corre por detrás.
“La marcha atrás del cambio de metodología del IPC le daría cierta holgura a las cuentas públicas. Los gastos subirían menos que los ingresos solo por razones estadísticas”, detallaron los técnicos de la entidad bonaerense. En este sentido, la canasta de 2004 sobrepondera bienes y subrepresenta servicios públicos, justo cuando el Ejecutivo avanza con la quita de subsidios. Si se aplicara la nueva canasta de 2017/18, la inflación anual sería 2,7 puntos más alta, impactando en la movilidad jubilatoria y en la deuda indexada.
El informe advirtió también que esta estrategia genera una distorsión entre la estadística oficial y la realidad de los hogares. Con la canasta vieja, la pérdida de poder adquisitivo parece moderada, pero con la estructura moderna el desplome es mucho más severo.
Caída del salario real
Según el documento, el salario privado registrado cayó un 1,2 por ciento en términos reales entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Sin embargo, con la canasta actualizada la caída se profundiza hasta el 7,7 por ciento en el mismo período.
Esta brecha explica por qué, aunque el IPC muestre una desaceleración, los indicadores de pluriempleo y endeudamiento familiar alcanzan máximos históricos. En este sentido, el costo de vida efectivo sube más rápido que lo que refleja el termómetro oficial.
El reporte también destacó el atraso estadístico del país frente a la región. Mientras Argentina sigue utilizando una base de hace dos décadas, sus vecinos ya operan con parámetros más actuales que incluyen nuevos hábitos de consumo.
Uruguay utiliza una canasta base 2022, Chile la actualizó en 2023 y Brasil y Paraguay trabajan con la de 2017. “La Argentina queda rezagada en materia de estadísticas frente a países similares”, concluyó el informe.
