La investigación por el trágico episodio ocurrido el 16 de diciembre en la Quinta de Olivos dio un giro fundamental. Autoridades federales confirmaron que el joven misionero fue víctima de una red de extorsión que operaba desde cárceles bonaerenses. Antes de quitarse la vida, Rodrigo Gómez dejó una carta, que inició con una frase desgarradora: “Lo lamento mamá por esta estúpida decisión”.
La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado explicaron que el grupo utilizaba aplicaciones de citas para manipular a las víctimas. En este sentido, remarcaron que el caso expone nuevas formas de delito digital.
El punto de partida de la investigación fue la carta escrita por Rodrigo Gómez, de 21 años. En el documento, el joven relató que a partir de la app Evermatch comenzó a enfrentar problemas legales y deudas.
La carta describe cómo los delincuentes usaban perfiles falsos de mujeres y fotografías obtenidas de Internet para iniciar conversaciones. Luego, derivaban en amenazas y exigencias económicas bajo falsos pretextos legales.
“Estoy muy agradecido con la familia y con el ejército”, escribió Gómez en uno de los párrafos más conmovedores. Expresó su temor a decepcionar a su entorno y la desesperación de sentirse atrapado en una estafa sin salida.
Extorsión digital y amenazas: cómo funcionaba la red que atrapó al joven militar
Los investigadores confirmaron que el núcleo de la banda operaba desde el penal de Magdalena y otra unidad en La Plata, bajo la órbita del servicio penitenciario bonaerense. Tras el análisis de los teléfonos celulares, se realizaron allanamientos y se detuvo a siete personas vinculadas a la red.
Los tres delincuentes que ya estaban presos y lideraban la organización fueron trasladados al servicio penitenciario federal bajo un régimen de alto riesgo. Además, el Ministerio de Seguridad señaló que se aplicarán restricciones estrictas para impedir que vuelvan a tener acceso a teléfonos celulares.
La carta de Rodrigo Gómez se convirtió en la prueba central de la causa. Las autoridades destacaron que el caso abre un debate sobre la seguridad penitenciaria y la necesidad de reforzar la protección frente a delitos digitales.
