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Bayer registra pérdidas de 3.600 millones de euros por múltiples demandas relacionadas con el glifosato

La compañía farmacéutica enfrenta 65.000 demandas pendientes por los presuntos efectos cancerígenos del herbicida Roundup. El grupo aumentó sus provisiones hasta los 11.800 millones de euros para resolver los conflictos legales en territorio estadounidense.

El gigante alemán Bayer anunció pérdidas cercanas a los 3.600 millones de euros para el ejercicio 2025. El motivo principal del déficit radica en los elevados costes de las demandas en Estados Unidos por el herbicida glifosato. Este conflicto legal acompaña a la empresa desde la adquisición del grupo estadounidense Monsanto en 2018.

La firma enfrentó un total de 170.000 reclamos judiciales por supuestos riesgos de cáncer en el país norteamericano. En la actualidad, 65.000 de estas demandas permanecen todavía pendientes de resolución. La empresa destinó otros 6.000 millones de euros el año pasado para cubrir estos y otros litigios vigentes.

El resultado final del último año fiscal arrojó una pérdida neta de 3.620 millones de euros. Esta cifra profundiza la tendencia negativa del año 2024, cuando el saldo rojo fue de 2.550 millones. La carga financiera derivada de los tribunales afecta de forma directa la contabilidad global de la corporación.

Expectativa por el fallo de la Corte Suprema

Bayer aguarda ahora una resolución definitiva de la Corte Suprema de Estados Unidos prevista para el mes de junio. El máximo tribunal aclarará si las demandas por supuesta falta de advertencias son admisibles bajo las leyes estatales. El punto de conflicto reside en la validez de las etiquetas de los productos frente a normativas locales.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) no clasifica al glifosato como un componente cancerígeno. Por este motivo, el organismo prohíbe la inclusión de advertencias de riesgo en las etiquetas comerciales. El tribunal nacional debe decidir si estas clasificaciones de la EPA tienen carácter vinculante en todo el territorio estadounidense.

Una sentencia favorable permitiría a la compañía el cierre definitivo del capítulo de las demandas por el herbicida. Sin embargo, algunos estados no se adhieren a la postura de la agencia nacional de protección. Esta discrepancia jurídica permite hasta hoy la prosperidad de nuevos reclamos contra el grupo alemán en tribunales menores.

Acuerdos colectivos y defensa del producto

La empresa anunció a mediados de febrero un acuerdo colectivo de hasta 7.250 millones de dólares para resolver los juicios pendientes. No obstante, las condiciones negociadas con los abogados de los demandantes presentan todavía ciertas incertidumbres. Un tribunal estadounidense requiere aún tiempo para el análisis y la aprobación final de los términos.

El director general de Bayer, Bill Anderson, defendió la utilidad del producto para la producción global de alimentos. “Ayuda a mantener el dióxido de carbono en el suelo y protege las cosechas de las malas hierbas”, agregó el directivo. El glifosato es considerado una herramienta “esencial” para la agricultura moderna por parte de la conducción de la firma.

Anderson justificó la búsqueda de un acuerdo económico a pesar de la convicción sobre la seguridad de sus componentes químicos. “Esto tiene que acabar, la empresa tiene que seguir adelante”, respondió el ejecutivo ante las consultas sobre la estrategia legal. La prolongación de los litigios supone una carga operativa excesiva para el normal desarrollo de la compañía.

En sus operaciones comerciales estrictas, Bayer cumplió con las expectativas de los analistas financieros internacionales. El resultado bruto operativo ajustado descendió un 4,5% hasta los 9.670 millones de euros. La facturación total del grupo alcanzó los 45.580 millones de euros durante el último ejercicio analizado.

Para el año en curso, la empresa prevé una facturación ajustada de entre 45.000 y 47.000 millones de euros. La firma también comercializa semillas y medicamentos, además de sus líneas de herbicidas tradicionales. El mercado permanece atento a la aprobación del acuerdo judicial para normalizar la situación financiera de la multinacional.

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