La larga agonía empresarial de Garbarino llegó a su final. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos. La decisión se firmó el pasado miércoles por el juez Fernando D’Alessandro, quien concluyó que no había condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021.
Según la resolución, la empresa no logró alcanzar las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo. Tampoco prosperó la instancia de cramdown que habilitaba a terceros a presentar propuestas para quedarse con la compañía.
En este sentido, el único interesado inscripto en el registro de salvataje, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una propuesta formal de reestructuración. Además, la propia concursada tampoco consiguió adhesiones suficientes para cerrar el proceso.
Con ese escenario, el magistrado aplicó lo previsto por los artículos 48 y 77 de la Ley de Concursos y Quiebras. Dispuso la apertura del proceso falencial y el desapoderamiento de la administración de los bienes, que pasan a control de la sindicatura.
En tanto, el juez ordenó mantener la inhibición general de bienes y notificar a múltiples registros públicos. Entre ellos figuran los de propiedad inmueble, automotor y marcas, para detectar activos a nombre de la empresa. La medida se extendió a Tierra del Fuego, donde Garbarino participaba en las sociedades industriales Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., históricamente vinculadas a la producción electrónica.
Impacto directo en empleados y proveedores
En esta línea, el tribunal resolvió inhabilitar a los directivos de la compañía. Entre ellos se encuentran Carlos Rosales, María Marta Facio y Gabriel Rosales, quienes no podrán ejercer el comercio durante el plazo previsto por la ley. También se les prohibió salir del país hasta al menos octubre de 2026.
El juzgado ordenó cerrar las cuentas bancarias abiertas en el BBVA durante el concurso y transferir cualquier saldo al expediente judicial. Asimismo, prohibió cualquier pago o entrega de bienes sin autorización del síndico.
Otro punto central fue la intervención sobre los últimos locales vinculados a la firma. El tribunal dispuso constatar y eventualmente clausurar las sucursales de Avenida Cabildo, calle Uruguay y un outlet en Almagro. La sindicatura quedó autorizada a allanar domicilios y requerir fuerza pública para asegurar los bienes.
En paralelo, se abrió el proceso de verificación de créditos. Bancos, proveedores, exempleados y otros acreedores deberán presentar sus reclamos hasta el 24 de junio de 2026. Los informes clave de la sindicatura se entregarán entre agosto y octubre de este año.
Un golpe más al comercio tradicional
La quiebra marca el final de una empresa fundada en 1951, que llegó a dominar cerca del 30 por ciento del mercado de electrodomésticos. Con más de 300 sucursales, fábricas en Tierra del Fuego y negocios asociados como Compumundo y Garbarino Viajes, la cadena empleó a más de cinco mil trabajadores en su auge.
Sin embargo, problemas financieros, caída del consumo y falta de financiamiento deterioraron su estructura. La venta en 2020 a Carlos Rosales, con promesas de rescate, no logró revertir la crisis. La operación se redujo a menos de 20 empleados y apenas tres locales activos.
El tribunal había abierto una instancia de salvataje para atraer inversores, pero la falta de interesados selló el destino de la compañía. Con la quiebra decretada, comienza ahora la etapa de liquidación judicial.
El proceso buscará identificar activos, como participaciones societarias, marcas o bienes remanentes, para intentar satisfacer a los acreedores. Aunque el valor económico disponible parece muy limitado, se intentará cubrir parte del pasivo.
Así, una de las marcas más emblemáticas del retail argentino queda fuera del mapa corporativo. Se cierra un proceso de deterioro que se extendió durante más de cuatro años en los tribunales comerciales.
