El escenario económico actual presenta una mutación alarmante en la naturaleza del incumplimiento financiero dentro del territorio argentino. El endeudamiento, que comenzó como un síntoma de asfixia en los hogares argentinos, se trasladó de forma abrupta a los balances de las fábricas. Esta migración del compromiso impago llevó la cadena de pagos de la industria a un punto de tensión máxima, al borde del quiebre. Los analistas observan con inquietud cómo los niveles de consumo minorista quedaron por el piso en los últimos meses. Debido a este fenómeno, las empresas enfrentan atrasos en sus cuentas corrientes que, en sectores críticos, superan los 100 días.
Simultáneamente, los departamentos contables de las firmas asisten a la multiplicación de los cheques rechazados de manera cotidiana. Esta crisis de liquidez castiga con mayor fuerza a los rubros que combinan la peor ecuación técnica, como sucede con Garbarino. Tales sectores padecen un desplome histórico de la demanda frente a una altísima capacidad ociosa en sus plantas. Dicha situación refleja la fragilidad de las estructuras comerciales frente a la falta de dinero circulante.
De acuerdo con un diagnóstico de la Unión Industrial Argentina (UIA) el 45,6% de las empresas industriales ya reporta dificultades para afrontar pagos básicos. Los directivos mencionaron problemas para cubrir salarios, proveedores, compromisos financieros o impuestos nacionales. Por lo tanto, el corte en los cobros generó un impacto directo de los intereses compensatorios sobre los balances contables. Este ahogo financiero resultó señalado por el 39,8% de la muestra encuestada como la principal traba operativa.
El fenómeno cobró mayor fuerza en la provincia de Buenos Aires, donde las fábricas acusaron las peores dificultades de caja. Al operar con menor demanda y mayor capacidad ociosa, las plantas licuaron su capital de forma acelerada. Los gerentes distribuyeron altos costos fijos entre menos producción, afectando la rentabilidad final. En consecuencia, las firmas se vieron obligadas a cubrir descubiertos bancarios con tasas exorbitantes que oscilan entre el 80% y el 100%. Esta carga financiera consumió los escasos márgenes de ganancia que quedaban en el sector.
En los galpones del interior productivo, la crisis se materializó con una velocidad y crudeza aún mayor en los atrasos de cuenta corriente. Los sectores como la maquinaria agrícola registraron un promedio de 100 días de demora en sus cobranzas habituales. “Resulta imposible de sostener”, sentenció el dueño de una fábrica que representa al rubro. Las pymes hicieron malabares para sobrevivir en un contexto de hostilidad crediticia. Mientras la lógica de rentabilidad exige operar con un costo financiero cercano al 5%, las fábricas asumieron cargas del 25% al 30%.
Esta dinámica implicó licuar entre un 5% y 6% mensual del capital propio mediante diferentes herramientas financieras. Las empresas utilizaron el descuento de valores bancarios, la venta de cheques o la toma de nuevos créditos para subsistir. En Rosario, la recaudación de la tasa de Derecho de Registro e Inspección (DREI) deflactada mostró datos territoriales preocupantes. La caída fabril acumuló 32 meses consecutivos en esa región santafesina. Esta tendencia empujó a cerca del 60% al 70% de las pymes metalúrgicas de la zona hacia una fase crítica.
“Ya está muy difícil seguir aguantando. Estamos viendo cierre de empresas, despidos y convocatorias de acreedores. Algunos pueden aguantar, otros se reconvierten”, alertó el dirigente regional. Mientras tanto, en la esfera minorista se multiplicó la cantidad de cheques rechazados y el nivel de endeudamiento general. Datos oficiales del Banco Central reflejaron que el crédito destinado a las familias registró una morosidad relativa del 9,3%. Este número marcó un salto violento y alcanzó su valor más alto desde el inicio de la serie histórica en enero de 2010.
Las líneas de financiamiento al consumo sufrieron el castigo de la recesión de manera más profunda que otros segmentos. En los préstamos personales, el índice de morosidad trepó al 12% según los registros de la autoridad monetaria. En diciembre, la entidad informó que los cheques rechazados sin fondos se triplicaron en el sistema bancario. Alcanzaron los 119.285 documentos sobre un total de 160.823 rechazos formales registrados. Esta dinámica representó un salto del 19% mensual y un alarmante incremento del 205% interanual.
Por último, el estrés financiero golpea con más dureza a los eslabones más vulnerables del entramado social. Según el Instituto Argentina Grande (IAG), el decil de menores deudas registra un nivel de morosidad del 27,9%. Los hogares que deben entre $25.000 y $123.000 dejaron de pagar sus compromisos por el consumo diario. En esa misma línea, el ahogo se extendió a los locales de retail y venta de electrodomésticos. La morosidad en este rubro se disparó al 27%, forzando cierres y concursos de acreedores en empresas tradicionales.
