El Ministerio de Justicia resolvió avanzar con una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras un pedido formal de la Inspección General de Justicia (IGJ). La decisión habilita una auditoría sobre la administración contable y el funcionamiento institucional de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
La medida establece un período de 180 días hábiles durante el cual funcionarios designados podrán revisar documentación financiera, contratos comerciales y procesos administrativos. Además, la resolución vuelve a colocar al fútbol argentino en el centro de una disputa sobre transparencia y poder institucional.
Según Infobae, la decisión se adoptó a partir de una solicitud de la IGJ, organismo que fiscaliza asociaciones civiles con sede en la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, el objetivo formal es examinar balances y verificar si el funcionamiento interno se ajusta a las normas legales vigentes.
Durante el período de veeduría, los funcionarios tendrán amplias facultades para acceder a registros financieros y documentación administrativa. Además, deberán analizar estados contables, operaciones con empresas privadas y la creación de la Universidad de la AFA (Unafa).
Balances y contratos bajo revisión exhaustiva
De acuerdo con el planteo de la IGJ, la medida se tomó luego de reiterados requerimientos de información que no habrían sido respondidos de manera satisfactoria. El informe final deberá determinar si existieron irregularidades administrativas o contables.
Ese documento será clave para definir los próximos pasos. Dependiendo de las conclusiones, el organismo de control podría impulsar sanciones administrativas o incluso acciones judiciales. El expediente que derivó en la veeduría comenzó a fines de febrero, cuando la IGJ solicitó formalmente la designación de veedores. El organismo describió “graves irregularidades” en la estructura administrativa de la AFA.
Entre los puntos cuestionados se mencionan demoras en balances, insuficiente detalle en estados contables y falta de documentación respaldatoria sobre movimientos financieros. En esta línea, las observaciones se concentran en los ejercicios más recientes.
Ese contexto coincide con un aumento de ingresos tras la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Según la IGJ, el crecimiento de recursos exige reforzar mecanismos de control y rendición de cuentas.
Las irregularidades que encendieron las alarmas
La resolución no implica una intervención total ni el desplazamiento de autoridades. Se trata de una figura jurídica acotada conocida como veeduría, utilizada como mecanismo de supervisión institucional. Para esta tarea fueron designados el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco. Ellos tendrán acceso a libros contables, registros administrativos y documentación financiera.
Entre sus responsabilidades se encuentran analizar balances cerrados al 30 de junio de 2025, revisar la creación de la Unafa y examinar relaciones comerciales con empresas privadas. Si detectan irregularidades graves, podrán emitir informes parciales.
Uno de los aspectos más sensibles de la auditoría es el vínculo comercial entre la AFA y empresas que participan en la explotación económica del fútbol. El análisis incluye acuerdos con TourProdEnter LLC y el grupo Sur Finanzas.
Más allá de lo contable, el conflicto también incluye una discusión jurídica sobre la jurisdicción que debe supervisar a la AFA. La conducción sostiene que trasladó su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires. La IGJ rechaza esa interpretación y considera que la sede real continúa en la Ciudad de Buenos Aires. De confirmarse la postura de la AFA, el control estatal pasaría a manos de la provincia.
Quiénes son los veedores designados
La designación de veedores fue formalizada por el ministro Juan Bautista Mahiques, quien señaló que su objetivo no era “salvar ni perseguir a la AFA”. Sin embargo, la decisión se produce en un contexto de fuerte sensibilidad institucional.
Detrás de la discusión aparece un elemento central: el volumen de recursos que mueve el fútbol argentino. En los últimos años, la AFA consolidó un crecimiento económico impulsado por el éxito deportivo y contratos internacionales.
La auditoría busca establecer si ese crecimiento estuvo acompañado por mecanismos adecuados de transparencia y control interno. En este sentido, el resultado del informe final tendrá consecuencias políticas abiertas.
Si se confirman irregularidades, la IGJ podría avanzar con sanciones o incluso solicitar una intervención más profunda. Por el contrario, si no se detectan inconsistencias, la conducción de la AFA fortalecerá su posición frente al Estado.
Mientras tanto, también existe la posibilidad de que la entidad judicialice la medida y cuestione la competencia del organismo de control. De ocurrir eso, el conflicto pasaría del terreno administrativo al ámbito de los tribunales.
