La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma trascendental a la Constitución Nacional durante su última sesión plenaria. Esta iniciativa abre la puerta para imponer la prisión perpetua a personas condenadas por delitos de homicidio, violación y terrorismo. El gobierno del presidente Nayib Bukele impulsó esta medida con el objetivo de profundizar su estrategia de seguridad pública en el país.
La modificación específica al artículo 27 estableció que este tipo de pena se aplicará exclusivamente a quienes cometan los delitos mencionados anteriormente. Este cambio normativo contrastó fuertemente con la prohibición previa que regía sobre las condenas de carácter perpetuo en el sistema judicial salvadoreño. La votación contó con el respaldo de 59 de los 60 diputados, incluyendo a legisladores oficialistas, aliados y dos integrantes de la oposición.
A pesar de la contundencia en los votos, el proceso legislativo se llevó a cabo sin una discusión previa en el pleno. Aunque los diputados ya aprobaron el texto, el cambio constitucional aún debe recibir una ratificación en una futura sesión para entrar en vigor. Una vez que esto suceda de manera definitiva, el Poder Judicial podrá dictar sentencias sin límite de tiempo para los criminales más peligrosos.
Los argumentos de la medida
Desde el partido oficialista Nuevas Ideas, la diputada Suecy Callejas defendió la medida con un discurso enfocado en la protección de las víctimas. La legisladora aseguró que buscan castigar con mayor severidad a integrantes de pandillas y responsables de feminicidios o agresiones sexuales. “Esta reforma es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas (…) jamás vuelvan a caminar por nuestras calles”, expresó la funcionaria.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, argumentó que el país requiere medidas más estrictas para erradicar la violencia estructural. El funcionario consideró necesario eliminar la prohibición de la cadena perpetua para alinear las penas con la gravedad de los crímenes actuales. Esta iniciativa también obligará a modificar leyes secundarias como el Código Penal y la Ley Penal Juvenil en el corto plazo.
Un cambio histórico
Este cambio estructural ocurrió en un contexto de transformaciones recientes en el sistema político salvadoreño liderado por la actual gestión. En 2025, el Congreso aprobó una reforma que permitió avalar modificaciones constitucionales en una sola legislatura de manera excepcional. Además, la propuesta surgió en vísperas de que el país cumpla cuatro años bajo el régimen de excepción implementado originalmente en 2022.
Bajo estas medidas de seguridad excepcionales, las autoridades detuvieron a más de 91 mil personas por presuntos vínculos con grupos criminales o pandillas. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron la muerte de al menos 500 detenidos bajo custodia estatal durante este periodo. La reforma reavivó así el debate global sobre el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos humanos fundamentales.
