El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa vinculada a la expropiación de YPF, lo que marca un punto clave en una disputa judicial que llevaba años y que involucraba reclamos millonarios de accionistas minoritarios. La resolución revocó la sentencia previa del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que había ordenado al país el pago de 16.100 millones de dólares.
El caso llegó a la instancia de apelación luego de que la Argentina cuestionara la interpretación del derecho argentino aplicada por la jueza Loretta Preska, quien había considerado que el país incumplió los estatutos de la empresa al momento de la expropiación. Los accionistas minoritarios también apelaron, al rechazar el tribunal de primera instancia algunos de sus reclamos adicionales.
La decisión del tribunal fue adoptada por mayoría de dos votos contra uno. Los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson votaron a favor de anular la condena contra la Argentina, mientras que el magistrado José Cabranes emitió un voto en disidencia, lo que reflejó la complejidad jurídica del caso y las distintas interpretaciones legales.
El eje del fallo: la interpretación del derecho argentino para YPF
En el fallo, el tribunal sostuvo que, según el derecho argentino, los estatutos de una sociedad anónima no constituyen contratos bilaterales exigibles entre accionistas. De esta manera, los jueces consideraron que los estatutos cumplen una función organizativa interna y no generan obligaciones contractuales entre el Estado argentino y los accionistas minoritarios.
Además, el tribunal destacó que la Ley General de Expropiaciones de Argentina regula de forma integral este tipo de procesos. Según la resolución, cualquier reclamo vinculado a la expropiación debe canalizarse dentro del marco legal argentino, ya que la decisión de expropiar constituye un acto de derecho público.
En ese sentido, los magistrados consideraron que incluso si los estatutos de YPF pudieran interpretarse como un contrato, la existencia de una ley específica sobre expropiaciones desplaza cualquier reclamo contractual. Este argumento fue uno de los pilares centrales para revocar la condena económica contra el Estado argentino.
Reclamos rechazados y fundamentos de la mayoría
El tribunal también rechazó los reclamos adicionales presentados por los accionistas minoritarios, entre ellos el argumento de promissory estoppel, que buscaba responsabilizar a la Argentina y a YPF por el supuesto incumplimiento de promesas implícitas.
Los jueces concluyeron que ni el Estado argentino ni la empresa estaban obligados, bajo el derecho argentino, a realizar una oferta pública de adquisición de acciones tras la expropiación. Por ese motivo, determinaron que las demandas por daños y perjuicios no eran reconocibles dentro del marco legal aplicable.
Como resultado, el tribunal confirmó en parte la sentencia previa, revocó la condena principal contra la Argentina y remitió el caso para procedimientos adicionales acordes a la nueva interpretación jurídica establecida por la corte de apelaciones.
La disidencia y el impacto del fallo
El juez José Cabranes presentó una opinión disidente al considerar que los estatutos de YPF sí constituían un contrato entre accionistas. Según su interpretación, al asumir el control de la empresa, el Estado argentino debía haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios.
Cabranes sostuvo que el incumplimiento de esa obligación debía considerarse un daño indemnizable y advirtió que la decisión mayoritaria podría afectar la confianza de los inversores internacionales. También cuestionó la prevalencia de la ley de expropiaciones sobre obligaciones contractuales previas.
El fallo, que incluyó tanto la decisión mayoritaria como la disidencia, refleja la complejidad jurídica del caso y el impacto de la expropiación de YPF en el ámbito internacional. La resolución del tribunal estadounidense se convierte así en un antecedente relevante en materia de expropiaciones estatales y aplicación del derecho extranjero en tribunales internacionales.
