El Gobierno nacional declarará en las próximas horas como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. La incorporará al RePET y aplicará sanciones en todo el país. La decisión alcanza a la fuerza iraní liderada por Ahmad Vahidi, acusado por el atentado contra la AMIA, y responde al contexto internacional y a causas judiciales locales.
El Gobierno nacional avanzará con la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión implicará el congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y el refuerzo de investigaciones sobre posibles vínculos en el país.
Además, la medida permitirá fortalecer la cooperación internacional en materia de inteligencia y seguridad, en línea con políticas adoptadas por otros países.
El anuncio se produce en un escenario internacional marcado por la creciente tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, con intercambios de ataques y una escalada militar en Medio Oriente que vuelve a poner en el centro a la Guardia Revolucionaria.
Un antecedente clave: los atentados en Argentina
La decisión también tiene un fuerte componente local. En Argentina, los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA dejaron más de un centenar de muertos y se convirtieron en los atentados terroristas más graves de la historia del país.
Las investigaciones judiciales sostienen que ambos hechos estuvieron vinculados a estructuras del régimen iraní, con participación operativa de Hezbolá y planificación desde las más altas esferas del poder en Irán.
En ese entramado, la Guardia Revolucionaria aparece como un actor central en la proyección internacional del régimen, lo que refuerza el fundamento de la medida que adoptará el Gobierno.
Qué es la Guardia Revolucionaria
La Guardia Revolucionaria fue creada en 1979 tras la revolución islámica y se consolidó como una estructura paralela a las Fuerzas Armadas tradicionales de Irán, con autonomía operativa y fuerte influencia política.
Con el tiempo, amplió su poder más allá del ámbito militar y se posicionó en sectores económicos estratégicos, lo que le permite financiar sus actividades y sostener su estructura.
Su brazo externo, la Fuerza Quds, coordina operaciones fuera del país y articula vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente, consolidando una red de influencia regional.
En 2019, Estados Unidos ya la había declarado organización terrorista, en una decisión inédita por involucrar a una estructura estatal.
Impacto en la política y la seguridad
Desde el punto de vista operativo, la inclusión en el RePET permitirá detectar y bloquear activos vinculados a la organización, así como profundizar el monitoreo de posibles conexiones locales.
La medida se enmarca en una estrategia del Gobierno para endurecer su política frente al terrorismo internacional y alinearse con estándares globales.
En el caso argentino, sin embargo, adquiere un significado particular: se vincula directamente con causas judiciales abiertas y con un reclamo histórico de justicia por los atentados que aún siguen sin resolución definitiva.
Con información de Infobae
