En un escenario donde el consumo masivo no logra consolidar una recuperación, empresas de todo el país enfrentan una combinación de factores que agravan su situación: el crecimiento de la morosidad en los créditos y el avance del contrabando de productos importados. Ambos fenómenos se consolidan como preocupaciones centrales en la agenda del sector a nivel nacional.
El financiamiento, que durante 2024 funcionó como sostén de las ventas, comienza a mostrar signos de agotamiento. En particular, el crédito para bienes durables pierde dinamismo y expone a los rubros que más dependían de las cuotas para sostener la demanda.
Morosidad en alza y presión sobre el crédito
Los niveles de mora en préstamos al consumo evidencian un deterioro significativo. La irregularidad en la cartera de créditos a familias superó el 10% en enero, casi triplicando el promedio regional, con un cuarto de los préstamos presentando algún tipo de incumplimiento.
El impacto es especialmente visible en el sector de electrodomésticos, donde empresas reconocen niveles de morosidad que oscilan entre el 30% y el 40%. El peso creciente de las cuotas en los ingresos y las tasas de interés elevadas aparecen entre los principales factores que explican este comportamiento.
Datos del Banco Provincia indican que más de dos millones de créditos ingresaron en situación de atraso durante el último año, con fuerte incidencia de entidades no financieras. En este contexto, desde la entidad advierten que el aumento de la mora podría profundizar la caída de la demanda en lugar de amortiguarla.
Frente a este escenario, el Banco Central dispuso una reducción de encajes bancarios que podría ampliar la disponibilidad de crédito. Sin embargo, persisten dudas sobre si esos fondos se destinarán al consumo o a instrumentos financieros ajustados por inflación.
Contrabando y competencia desleal
En paralelo, el contrabando emerge como otro factor de presión para las empresas. La reducción de la brecha cambiaria, si bien positiva en términos macroeconómicos, volvió más atractivo el ingreso ilegal de productos al país.
El caso de los teléfonos celulares resulta paradigmático: según datos del sector, uno de cada tres equipos activados en Argentina no fue fabricado localmente ni ingresó por canales formales. Este fenómeno también impacta en rubros como calzado, neumáticos y alimentos.
La problemática motivó la conformación de mesas de trabajo entre empresas y entidades industriales para impulsar medidas que frenen el avance del comercio ilegal. Entre las propuestas, se analiza la posibilidad de responsabilizar a plataformas digitales por la venta de productos sin trazabilidad.
A pesar de algunas acciones oficiales para reforzar controles en fronteras, desde el sector privado consideran que las respuestas aún son insuficientes frente a la magnitud del problema.
Propuestas y tensiones en la agenda económica
En este contexto, las empresas intensifican reuniones con referentes políticos para acercar propuestas que permitan aliviar la situación. Entre ellas, se analiza un proyecto que impulsa líneas de crédito para familias endeudadas, financiadas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta obstáculos tanto por el rumbo de la política económica como por normativas vigentes que limitan el uso de esos recursos. Esto genera tensiones y debates dentro del propio sector empresarial y político.
Mientras tanto, el panorama se mantiene incierto. Con un consumo que no repunta, mayores dificultades para sostener el crédito y una competencia creciente por vías informales, las empresas transitan un escenario complejo que pone a prueba su capacidad de adaptación.
