El caso del anestesista hallado sin vida en su departamento de Palermo, Alejandro Zalazar, expuso una trama de consumo de fármacos y robo de insumos médicos. El caso involucra a profesionales del Hospital Italiano y abrió una investigación judicial de gran alcance.
El cuerpo de Zalazar fue descubierto el 20 de febrero. En este sentido, la autopsia confirmó que sufrió congestión, edema pulmonar y meningoencefálico, provocados por el consumo de propofol y fentanilo.
El hallazgo en Palermo y el inicio de la causa
En la escena, las autoridades hallaron insumos pertenecientes al Hospital Italiano. Además, la dirección del centro médico denunció el presunto robo de medicamentos exclusivos de anestesiología. “El Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido”, señalaron en un comunicado.
El juez Martín Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera impulsaron la investigación. En tanto, los médicos Hernán Boveri y Delfina Lanusse fueron imputados y declararon por Zoom, negando los cargos. La Justicia les prohibió salir del país mientras avanza la causa.
De este modo, se busca determinar si existieron más responsables en la organización de fiestas privadas y si hubo venta ilegal de fármacos. Para ello, consideran clave la apertura del teléfono de Zalazar, encontrado junto a su cuerpo.
La Fiscalía y las sospechas de comercialización ilegal
El primero de abril, la Policía de la Ciudad allanó la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AARBA) en Caballito. El objetivo fue recopilar documentación vinculada a los profesionales imputados. “La asociación es la más interesada en que esta causa funcione, porque no está imputada, es denunciante”, explicó el abogado Eduardo Gerome.
Gerome aclaró que la denuncia fue presentada luego de que el Hospital Italiano iniciara acciones legales contra los sospechosos. Además, confirmó que Lanusse y Boveri fueron citados por la Asociación para dar explicaciones, aunque no reveló el contenido de esas conversaciones.
El caso tomó notoriedad pública cuando comenzó a circular un audio de WhatsApp que describía fiestas privadas conocidas como “Propofest”. Allí, un grupo reducido de médicos habría organizado encuentros para experimentar “viajes controlados” con anestésicos.
El relato señalaba que en cada reunión había un “controlador”, encargado de intervenir en caso de emergencia durante el suministro de las sustancias. La Fiscalía investiga si existió un cobro por estos servicios y si se trató de un circuito cerrado entre profesionales de la salud.
La Justicia también busca establecer si la muerte de Zalazar tuvo relación con estas fiestas privadas y con la presunta comercialización de fármacos. El expediente continúa abierto y promete nuevas revelaciones en las próximas semanas.
