La industria textil argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años, con indicadores que reflejan una caída sostenida en la producción, el empleo y el uso de la capacidad instalada. Según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), el sector alcanzó en enero de 2026 su nivel más bajo de actividad desde que existen registros comparables.
El índice de producción industrial textil registró una contracción interanual del 23,9%, una caída significativamente superior al descenso del 3,2% observado en el conjunto de la industria. Desde la entidad empresaria advirtieron que la brecha refleja el impacto diferencial que atraviesa el rubro en el actual contexto económico.
En paralelo, el uso de la capacidad instalada también se ubicó en mínimos históricos. Mientras que la industria en general operó al 53,6% en enero, el sector textil apenas alcanzó el 24%, lo que evidencia un fuerte nivel de capacidad ociosa y una marcada retracción de la actividad.
El deterioro también se traslada al empleo. De acuerdo a los datos relevados, en diciembre de 2025 los sectores textil, confección, cuero y calzado registraron unos 100.000 puestos de trabajo formales, lo que implica una pérdida de 12.000 empleos en un año. Desde fines de 2023, la caída acumulada supera los 20.000 puestos.
Desde FITA señalaron que la pérdida de empleo se mantiene de manera ininterrumpida desde febrero de 2024, en línea con la caída de la actividad y la retracción del consumo interno.
Alerta por importaciones a precios irregulares
A la crisis productiva se suma otro factor que preocupa al sector: el incremento de la subfacturación en las importaciones textiles. Según advirtieron empresarios, más del 70% de los productos que ingresan al país lo hacen a valores “llamativamente bajos”, en muchos casos por debajo del costo de la materia prima.
Como ejemplo, señalaron casos de remeras de algodón importadas por menos de 0,01 dólares, toallas por debajo de 0,30 dólares el kilo y jeans por menos de un dólar. Desde el sector aseguran que estas prácticas generan distorsiones en el mercado y configuran una competencia desleal para la producción nacional.
En este contexto, la gerenta general de FITA, Celina Pena, remarcó la necesidad de aplicar herramientas previstas en la legislación vigente para evitar este tipo de irregularidades. Según indicó, su correcta implementación permitiría resguardar la recaudación fiscal y contribuir a la recuperación del empleo y el valor agregado en una actividad con fuerte presencia federal.
Con este escenario, la industria textil enfrenta un doble desafío: sostener su estructura productiva en medio de la recesión y competir frente a condiciones que, según denuncian, no son equitativas.
