La Justicia de Estados Unidos volvió a pronunciarse en favor de la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió suspender todas las instancias abiertas del caso, en línea con la reciente resolución que anuló la condena de US$16 mil millones contra el país.
Como parte de esta medida, el tribunal dejó sin efecto la audiencia prevista para este jueves 16 de abril, donde se iban a analizar distintas apelaciones vinculadas al expediente. Entre ellas figuraba la presentación del Estado argentino contra la orden de la jueza Loretta Preska, que exigía entregar acciones de la compañía a los demandantes.
Desde el ámbito jurídico, la decisión fue interpretada como una consecuencia directa del fallo favorable. El ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, explicó que la medida responde a una lógica procesal, ya que las apelaciones quedarán en pausa hasta que la resolución principal sea definitiva.
Un nuevo revés para Burford
En este escenario, la atención se centra en los pasos que podría seguir Burford Capital, principal beneficiario del juicio. Según especialistas, el fondo aún dispone de dos alternativas: solicitar una revisión del fallo por el pleno de la Cámara o acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un recurso de certiorari. Sin embargo, ambas opciones aparecen con escasas posibilidades de prosperar.
Días antes, Burford había pedido extender los plazos procesales hasta el 8 de mayo para definir su estrategia. En su presentación, argumentó que su abogado principal, Paul Clement, enfrentaba compromisos profesionales y personales que dificultaban preparar la solicitud en los tiempos previstos.
Tras conocerse el fallo, Burford expresó su desacuerdo con la decisión judicial. Señaló que implica un retroceso en la protección de los accionistas minoritarios que operan en la Bolsa de Nueva York. No obstante, dejó abierta la posibilidad de avanzar por otras vías, como el arbitraje internacional en el marco de tratados de inversión.
La estrategia de los demandantes se complica
El núcleo del pronunciamiento judicial que favoreció a la Argentina se basó en la interpretación del derecho local. La mayoría del tribunal sostuvo que las leyes sancionadas por el Congreso prevalecen sobre los estatutos societarios, incluido el de YPF. En este sentido, consideró que dichos estatutos tienen un carácter organizativo interno y no constituyen contratos exigibles entre el Estado y accionistas privados.
Ese criterio fue clave para descartar que la expropiación generara automáticamente una obligación indemnizatoria de tipo contractual. Se trataba de uno de los principales argumentos que los demandantes habían sostenido durante el proceso.
A lo largo del litigio, Burford impulsó otras estrategias, como intentar declarar a la Argentina en desacato, reclamar la transferencia de la participación estatal en la petrolera y sostener la existencia de un vínculo de “alter ego” entre la empresa, otras entidades y el propio Estado. Ninguna de estas líneas prosperó hasta el momento.
Con la suspensión de las apelaciones, el caso entra en una etapa de definición. Resta saber si los demandantes deciden avanzar con nuevas instancias judiciales o si el fallo favorable a la Argentina queda firme en los tribunales estadounidenses.
