El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario que regula la eutanasia, conocida como “muerte digna”, una ley que había sido aprobada en el Senado en octubre de 2025. Con esta medida, Uruguay se convirtió en el tercer país de América Latina y el undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa.
“Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, detalló Orsi, según reportó el diario El País. “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, consideró el mandatario.
“Hace seis meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno”, agregó. Orsi firmó la ley “tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades”.
El primer país de Sudamérica en regular la eutanasia por ley
La ley de muerte digna fue aprobada en el Senado con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición. La redacción contó con los 17 votos de la bancada del Frente Amplio, que tiene mayoría en la cámara alta, más los votos de la senadora nacionalista Graciela Bianchi y de los senadores colorados Ope Pasquet y Heber Duque.
Uruguay se convirtió así en el primer país de América Latina en regular la eutanasia mediante una ley. Si bien Colombia y Ecuador despenalizaron el procedimiento hace años, lo hicieron a través de fallos de sus cortes constitucionales, no por una norma sancionada por el Poder Legislativo.
Los requisitos para acceder a la eutanasia en Uruguay
La ley habilita la eutanasia a personas mayores de edad, “psíquicamente aptas”, que cursen la “etapa terminal de una patología incurable e irreversible”. También podrán acceder quienes padezcan sufrimientos “insoportables” con un “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida.
Cada caso será analizado por un equipo multidisciplinario de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Se requerirán informes médicos y psicológicos, y la voluntad del paciente podrá revocarse en cualquier momento del proceso.
