El secretario general de la Unión de Trabajadores del Estado (UTERA), Rubén Grimaldi, lanzó una dura advertencia sobre la situación del PAMI y aseguró que, de continuar el desfinanciamiento, el sistema podría entrar en una crisis mayor. En ese marco, apuntó directamente contra las decisiones económicas del Gobierno nacional y cuestionó el impacto de las políticas de ajuste sobre la atención de los jubilados.
En declaraciones a InfoGremiales, el dirigente describió un escenario crítico que combina deterioro salarial, falta de personal y un incremento exponencial de la demanda. Según detalló, desde la asunción de Javier Milei los trabajadores del organismo registraron un aumento de apenas el 7,5%, lo que profundiza la pérdida de poder adquisitivo en un contexto inflacionario.
A su vez, Grimaldi remarcó que el crecimiento de afiliados no fue acompañado por una expansión de la planta laboral. Mientras que anteriormente el PAMI contaba con 14.000 trabajadores para atender a 2 millones de afiliados, en la actualidad dispone de 11.000 empleados para cubrir a unos 6 millones de beneficiarios, lo que genera una sobrecarga estructural en el sistema.
El dirigente también denunció la falta de recursos humanos en dependencias y clínicas, lo que repercute directamente en la calidad de atención. En ese sentido, sostuvo que la problemática no es nueva, pero se ha profundizado en los últimos meses por las decisiones de ajuste económico implementadas desde Nación.
En su análisis, responsabilizó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al asesor Federico Sturzenegger por las políticas aplicadas. Afirmó que ambos toman decisiones sin conocimiento del sistema de salud y sin considerar las necesidades específicas de los jubilados, lo que agrava la situación del organismo.
Grimaldi también cuestionó el discurso oficial sobre la “casta”, al señalar que quienes hoy conducen las políticas económicas han ocupado roles en distintas gestiones. Para el gremialista, el problema central no radica en el PAMI como institución, sino en quienes lo administran desde afuera sin experiencia en el área sanitaria.
El conflicto se da en paralelo a un paro nacional de médicos de cabecera que se inició esta semana por 72 horas. La medida de fuerza responde a cambios en el esquema de ingresos, donde se incrementa el valor de la cápita pero se elimina el cobro de la consulta presencial, lo que, según los profesionales, deriva en una pérdida neta de ingresos.
Si bien desde el Ministerio de Salud se buscó bajar la tensión al asegurar que el PAMI está cumpliendo con los pagos, Grimaldi confirmó que hubo un giro de fondos desde el Tesoro. Sin embargo, aclaró que se trata de una solución coyuntural y que el problema de fondo sigue siendo estructural y de largo arrastre.
En relación a las alternativas que analiza el Gobierno nacional, como la provincialización del PAMI o el traspaso de afiliados a obras sociales de origen, el dirigente fue categórico. Consideró que trasladar la responsabilidad a las provincias sería inviable, dado que los sistemas de salud locales ya atraviesan sus propias crisis y carecen de insumos suficientes.
Finalmente, advirtió que millones de afiliados no cuentan con obra social de origen, lo que dejaría al Estado nacional sin margen para desentenderse del sistema. “Si no financian el PAMI, vamos a una explosión”, concluyó, al tiempo que insistió en la necesidad de una solución integral que garantice la sostenibilidad del organismo y la atención adecuada de los jubilados.
