La Cámara Federal de Casación Penal resolvió ordenar el decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así también, de sus hijos y el empresario Lázaro Báez. Se da en el marco de la causa Vialidad, al rechazar los planteos de las defensas y disponer la ejecución de 111 inmuebles para cubrir un perjuicio al Estado estimado en $685.000 millones.
La decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Confirmaron los criterios aplicados por el Tribunal Oral Federal 2 para identificar los bienes alcanzados por el decomiso.
Según el fallo, del total de inmuebles afectados, 84 corresponden a Báez, uno a la exmandataria, dos a Austral Construcciones S.A., tres a Kank y Costilla S.A., dos a Loscalzo y Del Curto S.R.L., y 19 a sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
Las defensas cuestionaron la medida al sostener que varios bienes fueron heredados de Néstor Kirchner o transferidos antes del período investigado. Además, plantearon que no existía un vínculo directo con los fondos considerados ilícitos. También invocaron la buena fe de los adquirentes.
Por su parte, los abogados de Báez señalaron que no se había acreditado de manera suficiente la relación entre los bienes y beneficios del delito.
La Cámara rechazó estos argumentos y consideró que, en casos de criminalidad económica compleja, no es necesario un seguimiento exhaustivo de cada flujo de dinero. Los jueces sostuvieron que alcanza con verificar una “coincidencia temporal y una vinculación económica razonable” entre el incremento patrimonial y la maniobra investigada.
En ese sentido, el fallo remarcó que “exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible” y podría impedir la aplicación efectiva del decomiso.
Explicación de la Justicia
El juez Borinsky emitió un voto en disidencia parcial. Si bien coincidió con los criterios generales, entendió que existían deficiencias en la fundamentación respecto de algunos inmuebles, en particular los vinculados a los hijos de la exmandataria, y propuso revisar esa parte de la decisión.
La mayoría del tribunal desestimó ese planteo y sostuvo que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos a terceros o heredados.
Los inmuebles alcanzados por la medida quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que tendrá a su cargo su administración y eventual venta.
La causa Vialidad investigó un esquema de adjudicación de obras públicas en Santa Cruz a favor de empresas vinculadas a Báez. En ese expediente, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
Actualmente, la expresidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires.
