La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la provincialización de rutas nacionales abrió un nuevo debate legal, técnico y económico sobre el futuro del sistema vial. La medida fue instrumentada a través del Decreto 253/2026 y habilita a las provincias a asumir la gestión de distintos tramos de la red vial, incluso mediante concesiones a privados y con financiamiento a través del cobro de peajes.
El nuevo esquema forma parte de una estrategia de descentralización que busca reducir la participación directa del Estado nacional en infraestructura y trasladar parte de esa responsabilidad a las provincias. Además, contempla una redefinición del rol de organismos como Vialidad Nacional, que pasaría a tener funciones más limitadas dentro del nuevo modelo.
Sin embargo, la iniciativa generó un fuerte rechazo por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que calificó la medida como “ilegal, inconstitucional e inoportuna”. Desde la entidad sostienen que la transferencia de rutas nacionales no puede realizarse únicamente por decreto y que requiere una ley formal aprobada por el Congreso Nacional.
Cuestionan la falta de financiamiento y el cobro de nuevos peajes
Uno de los principales cuestionamientos se centra en el financiamiento. Según CONADUV, el decreto transfiere responsabilidades a las provincias sin garantizar recursos específicos para el mantenimiento de las rutas, lo que podría profundizar la presión fiscal sobre las jurisdicciones provinciales y generar mayores dificultades presupuestarias.
También rechazan la posibilidad de implementar peajes directos en corredores nacionales. La entidad advierte que este mecanismo podría convertirse en un “impuesto encubierto”, ya que los usuarios ya financian el sistema vial a través del impuesto a los combustibles y no existiría una nueva prestación concreta que justifique otro cobro obligatorio.
Desde el organismo remarcaron que “se impone una carga económica sin una contraprestación garantizada”, lo que, según sostienen, vulnera el principio de legalidad tributaria establecido en la Constitución. Además, alertan sobre una posible doble imposición que terminaría trasladando mayores costos al transporte y a la producción.
Advierten por el impacto en logística, competitividad y seguridad vial
El cuestionamiento también alcanza al plano económico. Desde el sector señalan que la instalación de peajes en rutas estratégicas podría elevar los costos logísticos, afectar la competitividad de las economías regionales y encarecer el transporte de bienes en todo el país, especialmente en sectores productivos que dependen del traslado terrestre.
A esto se suma la preocupación por el mantenimiento y la seguridad vial. Desde CONADUV sostienen que una gestión fragmentada entre distintas provincias podría generar diferencias en los estándares de conservación, falta de inversión sostenida y mayores dificultades para garantizar condiciones homogéneas en toda la red nacional.
Como alternativa, la entidad propone un plan vial integral financiado con recursos ya existentes, principalmente a partir del impuesto a los combustibles, sin avanzar en un esquema generalizado de peajes. “El país necesita un sistema vial eficiente, sin barreras ni costos adicionales para los usuarios”, señalaron desde la organización, mientras el debate sobre el futuro de las rutas nacionales sigue abierto.
